"El gobierno y la Defensoría no apañan a los empresarios que contaminan"

"El gobierno y la Defensoría no apañan a los empresarios que contaminan"
Sostuvo que cuando se firmó el convenio entre Tucumán, Santiago, Nación y la Defensoría del Pueblo, hubo “acusaciones de gente malintencionada” de que el acuerdo implicaba un freno a las causas penales.

La citación a indagatoria a un grupo de 20 empresarios tucumanos por la Justicia Federal local, en el marco de la causa que investiga las mortandades de peces de 2010 y 2011, tuvo un fuerte respaldo por parte del defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával. El ombudsman dejó en claro que ningún acuerdo político que se firmen entre ambas provincias, significará de algún modo una protección legal para los industriales que contaminen la cuenca Salí Dulce. En tal sentido, afirmó que ni el gobierno ni la defensoría “van a apañar a los empresarios que contaminan”.

El funcionario hizo esta aseveración en una entrevista con EL LIBERAL, al recordar que en su momento, cuando se firmó el acuerdo entre ambas provincias, la Defensoría del Pueblo y la Nación, hubo comentarios malintencionados para generar confusión.

Días atrás, se conoció la citación del juez federal Guillermo Molinari a empresarios acusados de contaminar el embalse Río Hondo, como parte de la investigación que lleva adelante el magistrado. Se trata de un segundo llamado a indagatoria, luego de que en marzo indagara a ocho empresarios, responsables de ingenios y citrícolas. En esta oportunidad se citó a directivos de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) responsable del tratamiento de líquidos cloacales, citrícolas, ingenios, entre otras industrias.

Tergiversación

Al respecto, Díaz Achával, opinó: “La Justicia tiene que investigar, cuando nosotros firmamos un convenio en diciembre de 2011, hubo acusaciones de gente malintencionada que pretendía decir que Santiago del Estero, la Defensoría, incluso el Gobierno nacional y el tucumano, estábamos apañando la comisión de los ilícitos”.

“Esto no tiene nada que ver recalcó el ombudsman-, la Justicia penal tiene la obligación de perseguir a los delincuentes, a los que han cometido delitos, y si en este caso consideran que este grupo de empresarios realizaron estos hechos que nosotros consideramos que violaron la ley, (recordó que la Defensoría es querellante en la causa junto con Fiscalía de Estado), que continúen la investigación”.

Controles

“Mientras, nosotros vamos a seguir trabajando para hacer cesar la contaminación por otro lado”, dijo sobre los controles de los que participa la Defensoría y otros organismos provinciales como la Secretaría del Agua.

“La Justicia penal marcha por un lado y nosotros la acompañamos, mientras, las responsabilidades administrativas y políticas, el gobierno y nosotros, y la Nación, vemos cómo se ha avanzado. En estos últimos meses desde que hay un acuerdo, no hay episodios de mortandad masiva”, rescató el defensor del Pueblo santiagueño.

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