En declaraciones radiales, el letrado dijo que la demanda es “por daños y perjuicios, después de casi un año y medio de negociaciones, de charlas para ver cómo podía solucionarse esto”.

Yendo a la instancia previa al dictado de la ley, recordó que la empresa Pole Fueguina le vendió una parcela a una empresa, la inmobiliaria “El Imperio”, para hacer un proyecto urbanístico. El Imperio empezó a vender los terrenos, los estaba mensurando y presentando los proyectos de urbanización, pero la Legislatura dictó una ley “donde se expropian varias parcelas de la Margen Sur y entre ellas se incluye esta. Como todavía no estaba escriturada a nombre de El Imperio, se expropió al titular registral, que es Pole Fueguina”, dijo.

A su vez dio cuenta de que se puso en conocimiento del error, sin resultados: “Antes de que saliera esta ley, cuando se estaba en conversaciones, tanto “El Imperio” como la gente que había comprado los terrenos, presentaron varias notas a la Legislatura, solicitando que no se incluyera esa parcela dentro de la expropiación, porque había un proyecto de urbanización. La Legislatura hizo caso omiso, no entendemos por qué, dictó la ley incluyendo esta parcela. Cuando fue a Gobierno –para la promulgación-, se volvieron a presentar notas para que no se promulgara como estaba y se sacara esa parcela, pero tampoco se hizo y el gobierno promulgó tal como había salido de la Legislatura”.

Con la ley dictada y promulgada, el camino que se siguió cuando el gobierno empieza a avanzar en el trámite de expropiación, fue “hacer un convenio de avenimiento con la empresa Pole Fueguina, donde se ponen de acuerdo sobre el monto de la expropiación, que se pagaría en dos cuotas. Con la primera cuota le tenían que devolver a la gente que había pagado los terrenos el importe histórico, y la gente recuperaba el valor histórico, después quedaría el perjuicio generado por la pérdida”, continuó el relato.

En agosto del año pasado tendrían que haber pagado la primera cuota pero nunca lo hicieron. “Es algo ilógico e incomprensible, porque hicieron un convenio, lo firmaron, lo ratificó la gobernadora, ordenaron el pago y nunca lo hicieron. Ante esta situación Pole Fueguina inició un juicio ejecutivo contra el gobierno para que le paguen lo acordado, con lo cual también iba a poder cobrar la gente que represento”, sostuvo.

Allí toma intervención el Fiscal de Estado, como representante de la provincia en el juicio ejecutivo, quien les da la razón sobre el error en la expropiación. “En este juicio empiezan a discutir la expropiación mal hecha, decían que el gobierno no iba a pagar, vamos a la Legislatura, donde el gobierno pidió una prórroga de dos años para pagar esto. Pero cuando el Fiscal de Estado contesta la demanda ejecutiva, claramente dice que el gobierno se excedió en los límites de la expropiación al incluir esa parcela”, indicó Plasenzotti.

Con todo a su favor pero sin el dinero ni la tierra, “ya cansados de dar vueltas sobre el tema sin ninguna solución, se inicia esta acción de daños y perjuicios a los fines de que la gente recupere el valor del terreno que perdió”, manifestó sobre los pasos que se dieron ahora.

El abogado aclaró que ya el reclamo no es por los 40 mil pesos que pagaron originalmente por cada terreno, sino por unos 200 mil pesos, que sería el valor actual, más el perjuicio sufrido por familias que siguieron pagando alquileres o sufrieron otro tipo de perjuicios. “Esto hace un monto de más de 400 mil pesos por vecino”, estimó el letrado, por lo cual suma unos doce millones el dinero que podría tener que pagar el estado como resarcimiento, más las costas; sin contar un monto similar si se llegaran a presentar las casi 60 familias, lo cual duplica la cifra.

“La demanda es contra la Legislatura y contra el Ejecutivo, porque la Legislatura decidió incluir la parcela, estando avisada de que no correspondía. Y el Ejecutivo promulga en lugar de modificar la ley”, apuntó el letrado.

La inclusión errónea está probada y hasta reconocida por el Fiscal de Estado como representante del Gobierno. Frente a este panorama no habría salida exitosa posible y el costo de ese error seguramente caerá sobre los bolsillos de los ciudadanos, como toda demanda de este tipo.

Tampoco queda la alternativa de modificar ahora la ley de expropiación y entregar los terrenos por los que pagaron los vecinos, puesto que en el ínterin fueron usurpados.

Plasenzotti resaltó que ninguno de sus clientes había ocupado ilegalmente la tierra por la que pagaron, sino que esperaban que se terminara la urbanización. Cuando salió la ley de expropiación, esa tierra se ocupó ilegalmente por terceros, dejándolos sin nada. “Hoy si el gobierno dijera que va a modificar la ley y devuelve las parcelas a la gente, no sé cómo lo hace, dada la instalación de otras personas en ese lugar. El Fiscal de Estado claramente marca que la expropiación estuvo mal hecha y el gobierno debería estar preocupándose para ver cómo va a arreglar este asunto, porque el Fiscal ahora no va a poder decir que nosotros no tenemos razón. No es que acá se dictó la ley y nadie les dijo nada. Estaban en total y absoluto conocimiento de lo que estaba pasando”, concluyó.