El seguimiento de las respuestas se ha transformado en un clásico legislativo. De hecho, el 18 de julio de 2012, Los Andes publicaba un artículo similar, haciéndose eco del rezongo opositor por la falta de respuestas del Gobierno.

Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús, dijo que "legisladores radicales me han dicho que el gobierno de Francisco Pérez es el que más pedidos de informes responde. Cuando yo estaba en la oposición, en el gobierno de (Julio) Cobos me respondían el 10% de los que presentaba. Y siempre respondían aquellos que no los comprometían políticamente".

Desde el otro lado, la diputada Lorena Meschini (UCR) esgrime los números que ella misma relevó y dice que ha presentado un proyecto de ley con media sanción de la Cámara baja, que tiene como objetivo sancionar con multa a los funcionarios que no respondan. Ese proyecto está estancado en el Senado, desde setiembre del año pasado.

Así pues, la disputa por los pedidos de informes parece transformarse en un cruce de chicanas preelectorales, pero la solución de fondo duerme el sueño de los justos.

De respuesta obligada

Los pedidos de informes tienen rango constitucional. En el artículo 137 de la Constitución de Mendoza, se indica que: "Los ministros están obligados a remitir a cualquiera de las cámaras, los informes, memorias, etcétera, que éstas les soliciten".

Esta obligatoriedad está reglamentada en las leyes 1.151 y 5.736. En el artículo 14 de la primera norma se indica que no responder un pedido de informes es causal de juicio político, mientras que en la segunda se establece que el plazo para responder los informes solicitados por la Legislatura es de 10 días, prorrogables por 10 más, en caso de que la complejidad del tema lo amerite.

Meschini asegura que durante este año, los diputados han presentado 100 pedidos de informes, de los cuales sólo 24 habrían sido contestados, es decir, el 24%. En el Senado, los legisladores presentaron 96 y sólo 22 habrían sido contestados, o sea el 22,92%. Estos pedidos de informes corresponden a legisladores de todos los partidos, incluidos los oficialistas (ver aparte).

Hay un pequeño contrapunto en los números con los que esgrime la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados. Allí se indica que los pedidos de informes pueden consultarse en la web de la Cámara y que los que están presentados, de acuerdo al registro, son 157. Y los respondidos son 43. Es decir, sólo fueron respondidos el 27%. Es decir, más allá de las diferencias en los datos, el porcentaje de respuesta se mantiene.

La legisladora radical expresa que "el Ministerio de Hacienda nunca contesta, por eso es que se ha optado por invitarlo a las comisiones. Otro ministerio que no contesta es Salud". En algún punto, la palabra de Meschini coincide con la de Tanús: "Contestan en algunas áreas que no los complican".

"Este gobierno responde más que el de Cobos" jura Tanús y enumera algunos que fueron presentados por el PJ en la gestión del ex gobernador y que, según Tanús, nunca fueron contestados: como uno referido a la vuelta ciclística de Mendoza, otro por los ticket Vale Más, otro por el préstamo otorgado al Hotel Sheraton, en aquellos días en construcción, entre otros casos que despertaron algunas polémicas.

Tanús también mete en la discusión el caso de supuesta corrupción que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay por el gasto en servicios de comunicación.

Además, cuenta que, a pedido de Garay, se está haciendo un relevamiento de los informes de gastos publicitarios remitidos por el Poder Ejecutivo a la Legislatura desde el gobierno de Roberto Iglesias a la fecha y dice que "los que nunca informaron fueron Iglesias y Cobos".