Todo indica que diciembre encontrará al Congreso tratando dos proyectos activados por hechos de distinta naturaleza pero de alto impacto: la postergada regulación del financiamiento de las campañas y el descongelamiento de una iniciativa sobre barras bravas. No parece una reacción excepcional, ni exclusiva. La política –que aún con distorsiones refleja a la sociedad- recrea cada tanto la tendencia a actuar por espasmos, o por escándalos.

Los dos asuntos serán incluidos en el temario de sesiones extraordinarias que fijará Mauricio Macri, según aseguran fuentes del Gobierno. La lista será encabeza por un par de proyectos derivados del acuerdo con el peronismo federal por el Presupuesto, en primer lugar la modificación del impuesto sobre Bienes Personales. Menos probable, aunque es discusión, es sumar otras iniciativas como la referida a alquileres. Se verá.

El oficialismo unificará la agenda en Diputados, que es la cámara que todavía debe aprobar Bienes Personales. La idea es que la semana que viene, apenas pasada la cumbre del G 20, avance con el paquete que remitirá el Gobierno, dejando algún margen de tiempo para las conversaciones de modo que los textos lleguen pulidos al Senado: todo debería cerrar en los días previos a Navidad.

El Gobierno quiere que los textos lleguen pulidos al Senado

No es sencillo, y requiere de acuerdos que, dicen en el Gobierno, ya están siendo negociados y algunos casos, cerrados. Faltan puntadas, por lo menos. Asoma más allanado el camino para el proyecto sobre financiamiento político, en base a los puntos que habían sido conversados entre senadores del PJ y del oficialismo. Hay alguna sorpresa y prevenciones sobre la cuestión de las barras. Con un añadido: Cambiemos debería terminar de acomodar posiciones en su frente interno.

De todos modos, la cuestión de fondo, tal vez lo más significativo, es el modo en que se encadenan los hechos. Reacción antes escándalos: ese sería el aspecto más visible. Las leyes, se sabe, deberían atender a problemas y desafíos reales de las sociedades o de parte de ellas. No ocurre siempre, aunque en los casos referidos nadie diría que se trata de temas forzados. El problema es que la realidad sería atendida cuando estalla.

No son nuevas las oscuridades que cubren el financiamiento político: campañas millonarias en dólares –a todas luces- que no pueden ni son justificadas en las planillas oficiales de las principales fuerzas políticas. Tampoco son nuevos los negocios y la violencia de las barras bravas, un entramado que involucra a dirigente de clubes, es apañado y usado por sectores políticos y exhibe conexiones con pliegues de las policías en todo el país.

Dicho de otra manera: la causa por los cuadernos de las coimas kirchneristas no muestran por primera vez un tejido de corrupción político-empresarial, pero ese escándalo potenció capítulos previos y precipitó de algún modo la discusión legislativa sobre el financiamiento de las campañas. El bochorno del megaclásico no es un dato sorpresivo, sino previsible y agigantado por las responsabilidades graves del Gobierno en materia de seguridad. Fue un operativo que resultó desastroso, esta vez cuando River esperaba a Boca, pero el propio despliegue habla de la magnitud y repetición del problema.

El proyecto que enviará el Gobierno para las sesiones extraordinarias es a su vez una muestra de necesidades políticas de coyuntura. Las prevenciones de la oposición, sobre todo del PJ, es que no se le cargue ahora las tintas al Congreso y a sus propias bancas. En todo caso, debería hablarse en un sentido general de falta de voluntad política para encarar la cuestión, con esta iniciativa o propuestas propias.

El texto del Gobierno sería prácticamente idéntico al proyecto presentado en agosto de 2016, en el Senado, que tuvo algún recorrido –hubo exposición de funcionarios en comisiones- y después quedó en la nada. El foco, según reiteran ahora fuentes oficiales, está puesto en reconsiderar algunos delitos y agravar penas, con el objetivo de desfinanciar a las barras bravas y al referido entramado de negocios con terminales en clubes, política y fuerzas policiales.

En cuanto al financiamiento de la política, el último impulso lo dio el oleaje provocado por la vertiente sobre plata negra para las campañas que exhibe la causa por los cuadernos de las coimas. Un rubro de menor volumen aunque destacado en el armado de la cartelización, los sobreprecios y las coimas en la obra pública, destinadas centralmente al enriquecimiento personal de ex funcionarios.

Tampoco es un hecho único, aunque sí quizás el más relevante de esta serie. Las denuncias sobre aportantes falsos en la pasada campaña bonaerense de Cambiemos había provocado un espasmo menor: fue presentado un proyecto restringido a la bancarización de los aportes privados para las campañas. Nada en cambio fue generado por las irregularidades en la competencia de 2015, que aún reclama explicaciones a oficialistas, kirchneristas y massistas.

Ese proyecto de hace algunos meses y otras iniciativas habían comenzado a ser consensuadas en el Senado por los bloques del oficialismo y del PJ federal. Mantiene la idea de la bancarización de los aportes privados, para poder determinar el origen y recorrido de tales fondos, y avanza sobre el blanqueo con límites para el caso de aportes de empresas. No es un tema cerrado totalmente y ese último punto estaría todavía bajo la lupa de la Coalición Cívica.

Barras y financiamiento, entonces, deberían pasar la prueba del Congreso en diciembre. Debates cortos para temas complejos, y de arrastre.