La Anses ratificó ayer que apelará la medida cautelar de un juez que le ordenó abstenerse de usar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para afrontar pagos del plan de reparación histórica, que busca mejorar los haberes de un grupo de jubilados para reducir la litigiosidad contra el sistema. La restricción se dispuso por tres meses o hasta tanto se dicte una resolución judicial definitiva,

Como se informó en la edición de ayer, el juez Juan Fantini, del Juzgado 6 de la Seguridad Social, dictó una medida cautelar que impide utilizar el fondo para esos pagos. Fue en respuesta a un recurso de amparo presentado por el jubilado y ex funcionario de la Anses -de donde se retiró en 2007- Miguel Ángel Fernández Pastor.

En el organismo previsional confirmaron ayer la decisión de apelar la medida. Antes de ser elevado al Congreso, el plan de pago a jubilados había sido presentado a los jueces camaristas del fuero previsional. De hecho, se prevé que cada jubilado que acepte la propuesta que se le haga, deberá firmar un acuerdo que luego será homologado por funcionarios judiciales. Por eso, ahora en el Gobierno hay expectativa de que se logará revertir la medida dispuesta anteayer por Fantini.

Pese a la novedad, y según insistió en comunicar la Anses, el plan arrancará en septiembre. Desde ese mes, los jubilados podrán conocer cuál es la oferta de pago que se les hace y decidir su adhesión o no. En el caso de quienes hayan hecho juicio, esa propuesta incluirá un monto retroactivo (aunque con un límite de hasta 48 meses en caso de que no se haya obtenido un fallo firme). Y para las personas que no litigaron hasta el 30 de mayo pasado, habrá una recomposición del haber -en caso de corresponder- pero sin retraoctividad.

Según lo dispuesto por la ley 27.260, tanto las utilidades del FGS como el dinero resultante de vender activos (acciones, por ejemplo) podrían usarse para financiar los pagos, que prevén poner los haberes en línea con lo dicho por la Corte Suprema en algunos de sus fallos. También se previó recurrir a fondos del Tesoro, pero lo cierto es que si así fuera solventado el plan, el Estado agravaría su problema de déficit, uno de los aspectos más complicados de manejar para la política macroeconómica del Gobierno.

Fernández Pastor cuestionó el uso del fondo por considerar que llevaría a desfinanciar el sistema jubilatorio. El FGS, según la ley, está pensado como un fondo anticíclico y, según el argumento oficial, prever su uso para el plan no va contra su naturaleza, ya que la ley permite "atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional" para "preservar la cuantía de las prestaciones previsionales".