“No estamos dispuestos a avanzar en derogar el fin de lucro”, dijo el ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, pocos días después de que unos 100 mil jóvenes marcharan frente al palacio presidencial de La Moneda pidiendo esa demanda. “Las demandas estudiantiles han perdido el norte, en el sentido de pedir nacionalizar el cobre, una reforma tributaria, la estatización total de la educación”, agregó.

Los estudiantes secundarios y universitarios, que llevan un mes en huelga, tienen en jaque al gobierno, cuyo apoyo bajó al 36%, según sondeos ligados al oficialismo.

En ese marco, los manifestantes convocaron a nuevas protestas esta semana y una gran marcha para el 14 de julio, ocasión en que esperan reunir decenas de miles de personas en una marcha en Santiago.

Los jóvenes, que han realizado decenas de manifestaciones este año, protestan por la calidad e inequidad del sistema educativo, que a su juicio ahonda las diferencias sociales. En Chile, la educación escolar es ofrecida de forma gratuita por los municipios y de forma paga por empresas que pueden ser o no subvencionadas por el Estado, según lo que cobren a las familias.

A nivel de educación superior, el problema es que todas las universidades deben obtener sus recursos en el mercado, aunque sean públicas. Es decir, el Estado hace aporte marginales, que no superan el 10% de los presupuestos en el mejor de los casos.

Las estadísticas oficiales añaden que sólo uno de cada seis jóvenes pobres tiene acceso a la educación superior, mientras que la relación sube a seis de diez en los hogares más ricos.