El saqueo fue tal que dejaron huellas por todos lados y por eso muchos de lo que ocupan cargos de primera línea, incluida la propia presidenta Cristina Fernández, temen ir presos luego de que terminen saborear las mieles del poder. De ahí la necesidad de poner en marcha este blanqueo masivo de dinero sucio, que pone a la Argentina en la misma categoría de las distintas naciones consideradas paraísos fiscales como Panamá, las Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Seychelles, Trinidad y Tobago, y Vanuatulas.

De esta manera, los K dejan expuesta a la Argentina ante organismos internacionales, que podrían aplicar severas sanciones. Hay antecedes muy contundentes. En noviembre de 2011, durante el desarrollo de la cumbre del G-20 (del que forman parte los principales países industriales y las naciones emergentes, como la Argentina), se concluyó que estos países constituyen “una amenaza para el sistema financiero internacional”. La próxima advertencia podría incluir a nuestro país.

El año pasado la propia Presidenta apretó al gobierno de Uruguay para que dejara entrar a la AFIP al vecino país, para que tenga acceso a su base de contribuyentes, debido a la sospecha de que acaudalados argentinos (muchos de ellos famosos) se llevaban el dinero a la otra costa del Río de La Plata. Pocos meses después de este acuerdo, el gobierno K comenzó a hacer lo mismo –en una proporción mucho mayor- de lo que se acusaba al gobierno uruguayo.

Mientras esto ocurre, ante la necesidad de sostener el enorme aparato clientelar que se desarrollo en la última década, el gobierno nacional le pone una mochila fiscal cada vez más pesada a las pymes que producen y generan trabajo. Concretamente, para tener registrado a un trabajador, cumpliendo con las obligaciones fiscales y previsionales, hay que desembolsar un 52% extra del salario de cada agente. Eso no es todo ya que los propios trabajadores se encuentran afectados por la presión fiscal, al punto que si ganan poco más de $8.630 tienen que pagar Impuestos a la Ganancias, cuando se trata de asalariados y la plusvalía que generan se la queda el empleador, que también está alcanzado por ese impuesto.

Aprietes

Los aprietes fiscales han llegado al tal extremo que se han formado bandas, vinculadas con la AFIP; dedicadas a apretar a pequeños y medianos empresarios.

Obviamente, el organismo que conduce el inefable Ricardo Echegaray no mostró esta misma actitud con Sergio Schoklender y Hebe Bonafini, que amasaron una fortuna con el dinero del estado (aportados por todos lo que pagamos impuestos) que debería ser utilizado para construir viviendas sociales. Tampoco lo hizo con los presuntos testaferros de Boudou, que compraron la empresa Ciccone para imprimir papel moneda y se vieron favorecidos por una escandalosa moratoria. Lázaro Baez, sindicado como el prestanombre de la familia Kirchner, también fue beneficiado por la AFIP, cuando existen elementos que probarían que trianguló dinero sucio de sobreprecios en obras públicas a través de paraísos fiscales.

La Argentina se está convirtiendo en un país que castiga a los ciudadanos honestos que trabajan y generan empleo. Terminan siendo, parafraseando a la presidenta, “tomados como idiotas”. En tanto, el gobierno premia a los delincuentes, evasores y corruptos.

Todo esto se produce en un país donde las multinacionales, amigas del poder político, están saqueando los recursos naturales de nuestro territorio. Un claro ejemplo son las compañías extranjeras que realizan la llamada megaminería a cielo abierto, que abonan impuestos en función de simples declaraciones juradas, cuentan con todo tipo de facilidades fiscales y se llevan el oro sin siquiera procesarlo en nuestro país. El saqueo es tal que, desde 2005 a la fecha, una sola empresa -Ba­rrick Gold- se llevó más de 140 toneladas de oro al exterior. Esto equivale al peso del Obelisco en oro puro. ¿Y qué dejo a cambio? Muerte y destrucción, con algunas de fuentes de agua dulce más importante de país, como son los glaciares, contaminadas con cianuro.

Todo esto se pudo hacer gracias a los oscuros acuerdos que tejieron las multinacionales mineras con algunos gobernadores como José Luis Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja) y Lucía Corpacci (Catamarca), que forman parte del kirchnerismo y manejan sus provincias como si fuese un feudo de la Edad Media. Es decir, tienen a gran parte de la población viviendo del clientelismo, que termina siendo una versión contemporánea de la esclavitud.