La matanza de indigentes que viven en las calles de la ciudad brasileña de Goiania reavivó un drama de viejas raíces y llevó al compromiso compartido de activistas de los derechos humanos y algunos cuadros policiales de investigar hasta llegar a los autores intelectuales de los crímenes. Esta vez, una sociedad peligrosamente habituada a la violencia pareció salir de su indiferencia cuando la televisión mostró las impactantes imágenes captadas el sábado por las cámaras de seguridad de un comercio de esa ciudad centro-occidental, en las que se ve la brutalidad con que fueron asesinadas a golpes dos personas, una de ellas un niño de 11 años.

En otras imágenes, un hombre que se trasladaba en una motocicleta se acerca a una persona que está durmiendo en la calle y le dispara dos tiros antes de alejarse. Un total de 27 indigentes han sido asesinados en los últimos ocho meses en Goiania. Con una población de 1,5 millones, la ciudad situada 200 kilómetros al sur de Brasilia es la capital del estado de Goiás, un importante centro de producción agrícola y ganadera.

"Informo que una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompaña in loco esta situación en Goiania. El equipo estará en la ciudad para seguir las investigaciones y exigir la identificación y el castigo de todos los involucrados", dijo la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes. En un comunicado divulgado ayer en Brasilia, la ministra señaló que "estos crímenes no pueden quedar impunes, pues se trata de acciones de una brutalidad sin límites y de una verdadera afrenta a los derechos humanos".

El equipo enviado a acompañar las investigaciones está encabezada por Biel Rocha, secretario de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, quien el sábado ya había advertido que en Goiania "existe un movimiento de exterminio de la población en situación de calle". El funcionario agregó que la investigación pretende determinar si se trata de acciones individuales o si realmente hay un grupo de exterminio operando en Goiania para eliminar indigentes. Este tipo de matanzas se ha dado en otros estados donde los grandes "fazendeiros" son verdaderos señores feudales.

Brasil ha vivido episodios similares en otras ciudades del país y desde al menos los años '60 del siglo pasado, cuando el gobernador de Río de Janeiro, Carlos Lacerda (1960-1965) ordenó eliminar a los mendigos de las calles de la entonces todavía capital del país. En 2000, un grupo de exterminio formado por policías cometió una serie de asesinatos de drogadictos e indigentes en la pequeña ciudad de Aguas Lindas, situada 50 kilómetros al oeste de Brasilia. Ese mismo año fueron masacrados en Río decenas de niños en situación de calle.

En abril de 2007, con la detención de 28 personas, la policía desactivó un escuadrón de la muerte que en cinco años había matado a más de mil pobres en la norteña Recife. En ese momento, el jefe de la policía, Jorge Pontes, dijo que la banda estaba integrada por agentes policiales, sicarios a sueldo y civiles sin prontuario policial que cobraban entre 500 y 2500 dólares por crimen. Lo que no dijo es quién o quiénes ordenaban los asesinatos.

Los "escuadrones de la muerte" –generalmente integrados por agentes y ex agentes policiales– son un fenómeno recurrente en Brasil, donde suelen ser pagados por comerciantes para eliminar a indigentes y chicos que viven en las calles. Esos grupos que habían nacido en los años de Carlos Lacerda, se hicieron conocidos internacionalmente cuando en 1992 un escuadrón mató a ocho niños que dormían en el portal de una iglesia en Río de Janeiro. «

Ansa, Ap

el papa irá adonde no va la policía

El barrio Guaratiba de Río de Janeiro, en el que el Papa Francisco celebrará su primera misa en suelo brasileño durante la Jornada Mundial de la Juventud, el 28 de julio próximo, está controlado por un grupo armado paramilitar, informó el diario Folha de Sao Paulo.

Para neutralizar al grupo que domina ese territorio, en su mayoría conformado por militares y policías retirados, el Ejército prepara un megaoperativo de seguridad en el que actuarán entre 2600 y 3400 efectivos.