El gobierno bonaerense planteó "un conflicto de poderes"

Los ministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera plantearon ante la Suprema Corte de Justicia un “conflicto de poderes” por la resolución del juez platense Luis Arias solicitando se informe sobre el plan de “Patrullas Juveniles”
El magistrado efectuó tal requerimiento ante el concreto planteo del Defensor del Fuero Juvenil, Julián Axat, basándose en fallos judiciales firmes que impiden la detención arbitraria de menores, situación que "podría ser eventualmente vulnerada" por esas “Patrullas Juveniles, según estimo Axat “ante la falta de información”.

Concretamente Axat había requerido, en el oficio al que el juez Arias le dió curso, que los ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Social brinden infrmación sobre los objetivos de las "patrullas juveniles; datos completos de las personas que conforman dichas Unidades “y que capacitación que acreditan en la materia” , entre otros puntos.

Ahora el gobierno bonaerense, por intermedio de los ministros Casal y Álvarez de Olivera se negó a proporcionar esa información alegando que el juez Arias “carece de la competencia especial que la materia requiere”, por lo que plantearon el “el conflicto de poderes”, en lo términos del artículo 161 de la constitución bonaerense.

Además los presentantes notificaron al juez Arias que han recurrido ante la Suprema Corte su fallo que le impide la detención bajo figuras como “averiguación de antecedentes”o “merodeo”, es decir sin que exista un delito, y que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones.

Ante este planteo el doctor Axat sostiene que “queda a la vista que las patrullas juveniles no han sido creadas con bondad alguna, sino que fueron creadas para evadir las resoluciones de la justicia”.

El defensor del fuero Juvenil agregó que “debería existir información oficial clara, transparente y precisa hacia la sociedad de lo que es y significa una patrulla juvenil y qué es lo que los diferencia de la policía común”.

Axat denunció que “esa información vital es ocultada y ello no es casual" y apuntó que "es grave que oficialmente no se brinda la explicación, ni siquiera a la justicia”.

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