A tono con la postura expresada en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, integrantes del Gobierno buscaron minimizar el impacto del freno de la Corte Suprema al aumento del gas para los usuarios residenciales. Pero de inmediato los funcionarios comenzaron a moverse a evitar otro golpe con las tarifas de luz.

Los miembros del Máximo Tribunal se abocarán a los incrementos en la electricidad y también le girarán el expediente a la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que emita un dictamen. El Gobiernoavanzará en la convocatoria a una audiencia pública antes del nuevo pronunciamiento de la Corte, adelantó uno de los dirigentes de confianza de Mauricio Macri, con el objetivo de ganar tiempo y evitar un nuevo costo político como el de este mediodía. “Hay preocupación por el tema de la luz, también es mucha plata y tenemos que corregir antes de que lo marque la Corte. Con audiencias públicas, el planteo deviene abstracto”, coincidieron otro funcionario en privado, luego de la conferencia de prensa.

Martina Forns, jueza federal de San Martín, ordenó suspender los aumentos en las tarifas de electricidad aplicados en febrero. El caso es diferente al del gas, porque el Gobierno nacional tiene jurisdicción sobre las concesiones de Edenor y Edesur -con servicios en la Capital y el Gran Buenos Aires- y en el resto del país depende de las provincias, aunque uno de los principales sustentos del fallo de Forns fue la falta de audiencias públicas previas al incremento tarifario.