Buscan destrabar la pelea que lo tiene frenado en la Legislatura. Fijarán reuniones con los caciques justicialistas y con los opositores. Las comunas pelean por $350 millones.
El secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y el presidente del PJ provincial e intendente de Las Heras, Rubén Miranda, definirán hoy cuándo se concretará una reunión con los diez jefes departamentales justicialistas.
La intención de Miranda es que la reunión se haga mañana antes del mediodía y que antes de que termine la semana se concrete un encuentro con el resto de los jefes comunales –los más difíciles de convencer–, radicales y demócratas. Para Miranda, no hay tiempo que perder, ya que la semana que viene deberían estar medianamente aceitadas las negociaciones para que en el reinicio de las actividades legislativas se pueda destrabar el conflicto.
El Ejecutivo guarda la esperanza de que los intendentes radicales podrán hacer entrar en razones a los díscolos legisladores de su partido, quienes mantienen una férrea postura de no endeudamiento que ha desatado una sucesión de peleas entre el oficialismo y la oposición. Para el Ejecutivo, pueden ser una suerte de negociadores claves que intercedan entre el Gobierno provincial y los legisladores.
El enojo de los intendentes se desató cuando advirtieron que Hacienda liquidó las cuotas correspondientes a la coparticipación de enero de acuerdo con la ley vieja, es decir no se contempló la modificación que entraba en vigencia este año y que supone un aumento de alrededor de $350 millones a repartir entre todas las comunas.
Ahora el Ejecutivo intenta poner paños fríos y llamarlos a dialogar. Lo que se intentará explicar es que no tiene objeto frenar la aprobación de las leyes de Avalúo e Impositiva, porque estas leyes benefician a todos. “Nosotros no queremos entrar en conflicto con ninguno de los intendentes. Con la aprobación de las leyes ganan todos, por eso apelo al diálogo y al entendimiento”, señaló, buscando la moderación, el secretario de la Gobernación en diálogo con UNO.
“Esperemos que en la primera quincena de febrero esto se solucione. Estamos pidiendo un endeudamiento que representa tan sólo 1,3% del Presupuesto. Creo que podemos llegar a un acuerdo si se deja de lado la pelea electoral”, precisó un esperanzado Cazabán.
Dictamen
Mientras por un lado se busca el diálogo, por el otro el Ejecutivo no descuida el argumento legal. Como el radicalismo amenazó con iniciar acciones legales si no se liquida la coparticipación de acuerdo con las modificaciones que deben entrar en vigencia en el 2011, el Gobierno ha pedido dictámenes a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría de Gobierno para tener en qué apoyar el argumento oficialista frente a los intendentes.
No todos los radicales son iguales. Ese es el costado que el oficialismo ve como positivo para arrimar posiciones. Hay un sector más duro que, según el Ejecutivo, “pone palos en la rueda”, liderado por el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, y otro “permeable al diálogo”, en el que está el jefe capitalino, Víctor Fayad. “Unos obstaculizan todo y otros apuestan a la gobernabilidad”, según la descripción de Cazabán.
Para Miranda, oficialista pero a la vez intendente perjudicado por la reducción en la plata repartida, “el reclamo es entendible porque todos los intendentes necesitamos los recursos y necesitamos tener previsibilidad para el año, pero también hay que entender que el Ejecutivo ha mostrado voluntad de negociar, mientras que la oposición se ha cerrado a la idea de dialogar y buscar una solución”, analizó el jefe lasherino.



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