El Ejecutivo provincial denunciará en la Justicia el proyecto de ley de Presupuesto 2011 que la Legislatura aprobó, al haber insistido por mayoría, la ley que había vetado la Gobernadora. Según se detalló desde Casa de Gobierno, la Legislatura recortó ingresos por $ 575 millones, lo que convirtió el cálculo con saldo positivo estimado por el Gobierno en un resultado económico negativo en $ 428 millones, situación que se contradice con la Ley nacional de Responsabilidad Fiscal (Nº 25.917) a la que había adherido la misma la Legislatura al sancionar la ley provincial Nº 694, y la ley 487 de Compromiso Fiscal y Transparencia de la Gestión Financiera.
No obstante el ajuste aplicado a los ingresos y a la reducción impuesta a la gestión de fuentes de financiamiento, entre otras modificaciones, los Legisladores se garantizaron el presupuesto propio, exgiéndole al Ejecutivo la remisión en doce cuotas mensuales de las partidas de los otros Poderes del Estado.
Asimismo, impone al Ejecutivo asignar al sistema de Salud la totalidad de las vacantes que se generen en la administración central, sin límites y sin facultar al Gobierno la cobertura de necesidades de otras áreas.
El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu calificó de “inconstitucional” y generadora de “una inusitada gravedad institucional” a la actitud del parlamento fueguino por arrogarse facultades propias del Poder Ejecutivo.
El funcionario destacó que el presupuesto creado por la Legislatura pone en riesgo la prestación de servicios básicos del Estado y pone en jaque el cumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados por el Ejecutivo con diferentes sectores gremiales de la administración pública, informaron fuentes oficiales.
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