Si bien se suscribió un acta acuerdo para superar el diferendo por la interpretación de la ley 648 de financiamiento educativo, el funcionario aseguró que ello “no obsta” que se expida el Superior Tribunal. La Corte igual congeló los plazos del proceso a la espera de que alguna de las partes fije postura. Lo que parecía un conflicto superado se convirtió en un parche para dilatar los tiempos.

Lo que parecía una salida política del conflicto entre el Gobierno y los municipios por la distribución de fondos coparticipables (interpretación de la ley 648 mediante) terminó siendo apenas un parche para dilatar los tiempos judiciales.

Es que cuando el jefe de gabinete del Gobierno y los intendentes rubricaron el lunes el llamado “Acuerdo Río Grande”, todo indicaba que el principal objetivo era retirar el diferendo de tribunales para resolverlo mediante acuerdos legislativos entre las partes involucradas. Y si bien en el acta no figura en forma expresa el desistimiento de la acción judicial, las declaraciones de los funcionarios involucrados y la inmediata comunicación de lo resuelto al Superior Tribunal hizo pensar en el agotamiento de esa instancia.

Sin embargo, pocas horas después, el secretario de Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, salió a aclarar que la rúbrica del acuerdo no obsta de ningún modo que se pronuncie la Justicia, y que en todo caso la solución política se aplicará una vez conocidas las implicancias de la sentencia.

Es decir que el espíritu del acta rubricada en suelo riograndense no fue poner fin al conflicto, sino evitar un fallo judicial que se perfilaba como inminente, y postergar la resolución, al menos, hasta después de la feria judicial de verano.

De hecho los tres jueces del STJ se reunieron ayer y, anoticiados del contenido del acuerdo, decidieron suspender los plazos procesales hasta tanto exista un pedido concreto de alguna de las partes para que se avance en la resolución del caso en uno u otro sentido.

El expediente, entonces, quedará congelado pero no cerrado en forma definitiva porque nadie lo pidió expresamente.

“Si el fallo nos favorece no habrá ahogamiento a los municipios”

“Un poder no puede ir sobre otro. Una decisión del Poder Ejecutivo no puede condicionar otra del Poder Judicial. Hubo una interpretación equivocada (sobre el acta) porque se notifica del acuerdo al Superior Tribunal y a otros organismos pero sin indicar el modo en que deben proceder”, sostuvo Ravaglia ayer en declaraciones a FM del Sur.

Según el funcionario, la Justicia debe expedirse sobre la interpretación de la ley 648 más allá de lo que hayan acordado las partes en términos políticos.

“Para mí es claro el documento aunque la interpretación sea diversa. Lo que se hace es avanzar más allá de la decisión judicial, independientemente de quién tenga razón en el pleito. Lo que estamos diciendo es que entre todos vamos a ir a la Legislatura para generar leyes superadoras y teniendo como eje la resolución de los problemas prioritarios de la población”, señaló el secretario.

“Si el fallo sale a favor de la provincia no va a haber ahogamiento sino que se va a trabajar para que los municipios cuenten con los recursos necesarios para poder administrar, y si la sentencia favorece a las municipalidades, también los intendentes van a colaborar y hacer frente a obligaciones que marca la Constitución como para que la gente no pase necesidades”, agregó Ravaglia.

También explicó que “ni el Gobierno ni los municipios pueden pretender que la Justicia no falle”, y dijo que “luego del fallo, todo ciudadano tiene obligación de cumplir la ley. Ahora de qué manera es justamente lo que se trata en el acuerdo”.

Diez puntos para entender el conflicto

–La ley 648, llamada de Financiamiento Educativo, define que el 25% de los ingresos provinciales debe destinarse al presupuesto de Educación.

–Durante años, ese porcentaje se viene calculando sobre la masa de ingresos que queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial, una vez remitidos los montos coparticipables a las municipalidades.

–El Gobierno reinterpreta la ley y postula que el 25% para Educación debe derivarse antes de efectuar la coparticipación a los municipios.

–En la práctica, significa que el monto a repartir con las municipalidades sería sustancialmente menor, y por consiguiente estas administraciones recibirían mucho menos dinero que en la actualidad.

–Para verificar si su nueva interpretación de la norma es la correcta, el Gobierno presentó una acción declarativa de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia.

–Los jueces convocaron a varias audiencias conciliatorias, y hasta dijeron públicamente que la resolución del conflicto era más de índole política que judicial.

–Ante la falta de acuerdos, el lunes 12 comenzó a circular la versión de que era inminente un pronunciamiento de la Corte.

–El mismo lunes se reunieron en Río Grande los intendentes y el jefe de gabinete del Gobierno y suscribieron un acuerdo, donde reafirman que la salida al conflicto es política y coinciden en puntos de partida para lograr financiar las prestaciones básicas del Estado provincial. No consta de manera expresa pero queda claro que la base del acuerdo es sacar el diferendo del ámbito judicial.

–El secretario de jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, aclara ayer que el acuerdo no obsta el pronunciamiento judicial y que los consensos alcanzados son para aplicar una vez que se conozca el fallo.

–El STJ, anoticiado del acuerdo de Río Grande, congela los plazos procesales de la causa hasta tanto alguna de las partes realice una petición concreta sobre qué pasos debería dar el tribunal.