La demanda de la provincia de Buenos Aires, de la mano de su mandataria, María Eugenia Vidal, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la ley de impuesto a las ganancias que establece un tope de $ 650 millones anuales en la participación del 10% que la provincia tiene en ese gravamen para el Fondo del Conurbano, significaría una importante pérdida de recursos de las provincias, entre ellas La Rioja, que pondría en serio riesgo la gobernabilidad. Para La Rioja se calcula que se perderían unos 1500 millones de pesos.

Los gobernadores peronistas, entre ellos el riojano Sergio Casas, rechazan resignar recursos para que a Buenos Aires se le elimine el techo del fondo del conurbano. La pelea es por unos $ 50.000 millones anuales, equivalentes a medio punto del PIB. Hay distintas alternativas de solución pero, en todas, o las provincias o la Nación deben perder algo.

El gobierno de la provincia de La Rioja, de la mano de sus principales autoridades, incluidos sus legisladores nacionales, comenzó las gestiones para recuperar el punto de coparticipación perdido en el 88, que está en el orden de los 5600 millones de pesos, pero el gobierno nacional y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le quieren sacar recursos a las provincias, entre ellas a La Rioja.

Fuentes gubernamentales coincidieron en resaltar la falta de preocupación de la Nación para con el interior, favoreciendo solo a Buenos Aires y Capital Federal y señalaron que más allá que no les guste en la Nación que el gobernador riojano reclame siempre por la restitución de ese punto y que el federalismo no se lo declama, sino que se lo practica, esto es una muestra más de lo que dice Sergio Casas es cierto, no hay interés de la Nación en el desarrollo armónico e integral del país.

Si se suman los retroactivos -por los recursos que ese distrito no recibió entre 2011 y 2015- la demanda ronda los $ 300.000 millones. Este año el Fondo llegaría a los $ 53.024 millones (del 10% de la recaudación de Ganancias, $650 millones van a Buenos Aires, y $ 52.374 millones para las otras 22 provincias), mientras que el Fondo de Obras de Infraestructura -que se integra con el 4% de Ganancias- repartirá $ 21.210 millones entre las 22 jurisdicciones, excluyendo a CABA y Buenos Aires.

Proyectando la recaudación de Ganancias para 2018 -unos $ 660.000 millones- eliminar el tope del fondo del conurbano implicaría que Buenos Aires reciba unos $ 65.000 millones adicionales el año que viene, monto que perdería el conjunto del resto de las provincias.

Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe dejarían de recibir unos $ 7300 millones; Entre Ríos, $ 4000 millones, y Catamarca, $ 2250 millones y La Rioja $ 1500. Claramente se trata de una situación inviable, por lo que implicaría en términos fiscales para esas provincias una caída del 10% en los recursos que reciben automáticamente de la Nación. La solución mágica de «eliminemos el techo» es inviable política y económicamente para las provincias.

Los distintos escenarios que se manejan señalan que las provincias perderán entre el 2 y el 9% y la provincia de Buenos Aires podría recibir hasta un 38% más de recursos coparticipables.

Lo más probable es que lo que gane Buenos Aires lo termine aportando el gobierno nacional por otra vía. El problema es que el sector público nacional parte de un déficit elevado, y además promete bajarlo, con lo que también resulta inviable.

Para muchos especialistas, lo más conveniente sería que la provincia de Buenos Aires recupere en forma efectiva la participación que tenía en la distribución secundaria a mediados de los 90 (entre 21% y 22% del total que reciben provincias, mientras que hoy está en 18,1%), sin que ningún distrito reciba menos recursos en términos nominales. Esa vía serían unos $ 38.000 millones adicionales para Buenos Aires en 2018.

El Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de presupuesto en el Congreso el 15 de septiembre

El Gobernador riojano Sergio Casas anticipó la semana pasada en Capital Federal que la discusión por el denominada “ley de leyes” será un verdadera batalla de consensos y disensos”, por ello se esperanzó en el papel de los legisladores nacionales riojanos. En ese marco, el mandatario señaló que cifra que la Provincia reclamará en concepto de actualización de fondos extracoparticipables para el año próximo asciende a los $5.600 millones de pesos.

“Todos sabemos la necesidad de los riojanos de contar con lo que legítimamente nos corresponde, como el equivalente al punto de coparticipación federal, que son unos 5.600 millones de pesos”, sostuvo Casas y agregó que “hoy comienza una batalla de consensos y disensos por este tema, nuestros legisladores tendrán un gran papel y para tener éxito los riojanos debemos estar unidos”.

Se reunen los gobernadores

En el marco de esta discusión, los gobernadores diseñan una nueva cumbre -será entre el miércoles y jueves, en Buenos Aires- en defensa de sus recursos, frente a la embestida de María Eugenia Vidal en la Corte para actualizar el Fondo del Conurbano.

Será el segundo encuentro en menos de un mes -en clara advertencia a Macri de que las urnas no enfriaron las consignas-, tras el cónclave del 3 de agosto en la Casa de Entre Ríos, con 12 mandatarios y un vice. Allí acordaron defender sus recursos, ya que temen desfinanciarse ante la pretensión de Vidal (Cambiemos) de que la Corte le vuele el techo de $650 millones al Fondo del Conurbano para recaudar $300 mil millones extra.

La antesala de este encuentro se dio la semana pasada con una reunión de fiscales de Estado en la sede del CFI para empezar a trabajar en una posible respuesta judicial a la demanda realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

Aunque siguen apostando a una solución política, los gobernadores en especial los justicialistas bajaron la orden a sus fiscales para empezar a trabajar en una estrategia conjunta.

En el Congreso con fecha

El plato fuerte en la Cámara Baja del Congreso será el viernes 15 de septiembre: ese día, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará el Presupuesto 2018, el primero a su cargo y a la vez el segundo desde la asunción de Macri. A principios de julio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el tradicional avance del proyecto, sin cifras pero con la garantía de que el Gobierno va a “seguir impulsando la generación de empleo y la reducción de la pobreza” el próximo año.

Según trascendió, el proyecto de ley de recursos y gastos contemplaría un crecimiento del 3% y una inflación promedio del 12%. El debate de la “ley de leyes” será una oportunidad para que la oposición remarque las debilidades de la gestión económica de Cambiemos, y además un campo fértil para la intervención de gobernadores peronistas que buscarán beneficios para sus provincias, siempre en clave electoral.

La iniciativa no vendría sola, pues ingresaría junto con la ley de responsabilidad fiscal, que contiene puntos pactados previamente con los ministros de Hacienda de la mayoría de las provincias. Según adelantó Dujovne, el Ejecutivo también enviará “antes de fin de año” el esperado proyecto de reforma impositiva, que promete un intenso debate.