La respuesta fue sincera y contundente en alusión al reclamo de los vecinos que, cansados de la inseguridad e indignados por el doble crimen, reclaman la expulsión de familias problemáticas de la barriada adjudicada por el IPV. Mas allá de esta respuesta, la mandataria no ofreció ningún programa de mejora en materia seguridad o de contención social en áreas de Minoridad y Familia que resultan inoperantes.
Uno a uno, más de diez vecinos fueron relatando experiencias propias en las que ellos o sus hijos sufrieron en carne propia la inseguridad a causa de la acción impune de estos jóvenes, algunos de ellos hoy detenidos en relación al brutal crimen.
Los reclamos apuntaron a que “esto se pudo haber evitado”, mencionando algún vecino la falta de contención social con los gabinetes psicopedagógicos que funcionan en las escuelas y cuestionando la falta de acción desde Minoridad y Familia, ante lo cual la gobernadora expresó que cada acción de ese tipo “debe dictarla la Justicia”, lo que no explicó para nada el desmantelamiento existente hoy en esas áreas sociales, que están absolutamente inoperantes.
Asimismo no es real que Minoridad y Familia no pueda instar acciones en la Justicia para intervenir en casos de serio riesgo social, en un área que se encuentra actualmente con una carencia de infraestructura y recursos, realmente alarmante.
Asimismo los vecinos recriminaron la adjudicación de las viviendas a delincuentes, señalando algunos el caso de Silvana Saromé, “le dieron casa y tiene dos casas más en la ciudad y otra en el asentamiento”, denunciaron.
Finalmente y ante la solicitud ya expresada por los vecinos de desalojar a las siete familias problemáticas que residen en el barrio, la respuesta de la gobernadora no resultó tal, “ni yo como gobernadora puedo sacarlas, no podemos sacarlos”, señaló, sin brindar respuestas concretas como modo alternativo para hallar una solución al conflicto.
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