La gobernadora Fabiana Ríos realizó ayer la apertura de la primera sesión ordinaria de este año del Consejo Económico y Social, y puso a consideración de los integrantes del organismo las propuestas elaboradas por el Ejecutivo para modificar el actual régimen previsional (IPAUSS); el proceso de selección de jueces del Consejo de la Magistratura y el proyecto de Ley de Aguas que nuevamente será presentado este año a la Legislatura.

La Mandataria agradeció la presencia de todos los consejeros y valoró el papel desempeñado por el Consejo “para la resolución de un conflicto que originariamente no tenía que ver” con el Organismo, “pero fue este espacio, con la participación crucial de la Iglesia y del Obispo” el que contribuyó a destrabar una situación, “que nos tenía a todos preocupados”, sostuvo.

En relación a la convocatoria de hoy, la Gobernadora manifestó que “era intención del Poder Ejecutivo plantear una determinada cantidad de temas que nos parecen claramente exceden el marco del poder político, y que necesariamente deben ser explicitadas en un ámbito de pluralidad” como el Consejo Económico y Social.

Magistratura

El proyecto que propone cambios en el Consejo de la Magistratura sostiene, entre sus argumentos, que “quizás una parte de las reformas que requiere el Consejo de la Magistratura ni siquiera necesiten de un cambio legal”, enumerando “los puntos sustanciales de los proyectos que fueron presentados a lo largo de los años por las organizaciones de la sociedad civil y por los distintos legisladores que en diferentes momentos integraron el bloque político que, con distintas denominaciones hoy forma parte del gobierno”.

“Como usuarios de la administración de justicia, sabemos que el Consejo de la Magistratura es un órgano esencial del sistema judicial y tiene una gran relevancia para garantizar su buen funcionamiento. En este sentido, coincidimos con la necesidad de modificar la dinámica de trabajo del Consejo de la Magistratura, pues ésta ha distado de ser la adecuada”, remarca el texto del proyecto.

Sin embargo, para Ríos el proceso de debate parlamentario “solo será un buen ámbito para discutir y solucionar las debilidades del organismo, si se propicia una discusión profunda, amplia y plural”, considerando “injustificable que a doce años de la presentación del proyecto con el que se inicia esta exposición de motivos, nunca se haya podido avanzar en el ámbito legislativo respecto del tema”.

La Mandataria menciona así un proyecto de su autoría, presentado el 15 de junio de 2001, en el que planteaba la modificación de la Ley Provincial 8. “En sus fundamentos, se ponía de manifiesto el intenso debate que por esos años se producía en relación al proceso de selección de magistrados, a la luz de la remoción masiva de jueces y funcionarios judiciales generada a partir del dictado de la ley 460, a fines del año 1999. La asociación civil “Participación Ciudadana” había presentado a fines de abril de ese mismo año una iniciativa de particulares fundamentando la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura”, repasa.

Para el Gobierno resulta necesario “conocer la opinión, la crítica y los aportes de todos aquellos ciudadanos que crean que es posible avanzar en la construcción de espacios colectivos más transparentes y participativos”, remarca la propuesta del Ejecutivo, donde se afirma que a través de esta iniciativa “queremos retomar el debate”.

“Ojalá en esta oportunidad asumamos la responsabilidad de pensar los cambios para fortalecer las instituciones de la democracia. La imperfección, inherente al género humano, no nos exime de los mayores esfuerzos para minimizar los efectos de nuestra propia condición en las organizaciones colectivas”, agrega.

Desde el Gobierno esperan que, en una instancia de debate “sin prejuicios ni mezquindades”, se pueda “propiciar un intercambio que nos permita concluir en una norma que nos enorgullezca como ciudadanos, en la convicción de que nuestro aporte ha contribuido para ascender un escalón en la ardua e infinita tarea de construir democracia”.