La decisión mayoritaria de la Legislatura de mandar al archivo el proyecto de ley para la expropiación de tierras en la margen sur que el Ejecutivo había remitido con “trámite de urgencia” a principios de semana motivó el enojo de la Gobernadora, la que cuestionó la determinación adoptada por el Parlamento en la sesión del martes 21.

Fabiana Ríos aseguró que “el pase a archivo de ese proyecto de expropiación demora la realización de obras de infraestructura básica que el Gobierno tenía previstas para mejorar la calidad de vida de la gente” que ocupó irregularmente los predios en cuestión.

En declaraciones difundidas por la Secretaría de Comunicación Institucional, manifestó además su “preocupación por las consecuencias que pueda tener esa decisión legislativa, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los sucesos ocurridos en el último mes en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país, con el grave problema social que genera la cuestión habitacional”.

La información oficial agrega que Ríos anunció que “insistirá con el tema reformulando la iniciativa”, para evitar de esa manera cualquier tipo de conflicto ante ”las más de mil familias que están esperando una solución”.

Podría decirse que los cuestionamientos formulados por Ríos ya fueron rebatidos por el legislador Velásquez durante la sesión del pasado martes, es decir antes de que fueran planteados por la Gobernadora.

Durante el acalorado debate legislativo que se dio en torno al tema, el parlamentario del Movimiento Obrero puso en duda la verdadera preocupación del Ejecutivo sobre el tema. Sustento esta sospecha en el hecho de que el único proyecto presentado que apuntaba a la expropiación de esas tierras fue presentado por él, junto a la legisladora De María, a mediados de año. En tanto que indicó que recién sobre la finalización del año Legislativo el Ejecutivo presentó una iniciativa propia, de iguales características a la que ya cuenta con dictamen favorable en dos de las tres comisiones que deben expedirse sobre el particular. Consideró que este repentino apuro gubernamental tendría más relación con el intento por tratar capitalizar electoralmente la problemática habitacional de los ocupantes de esos predios, que con mejorar las condiciones de vida de esas familias.

Además consideró poco entendible que el Ejecutivo pretendiera forzar una definición legislativa, cuando estaba al tanto de que todavía no se habían alcanzado dentro del parlamento los consensos necesarios para aprobar en sesión la declaración de utilidad pública y de expropiación sobre 7 macizos de la sección K de Río Grande.

Más por la fuerza que por la razón

La Constitución determina que los proyectos girados por el Ejecutivo bajo la figura de “urgente tratamiento” deben ser considerados por la Legislatura dentro de los 30 días de presentados para que no queden sancionados de hecho. La otra alternativa que tiene el parlamento es dejar sin efecto ese trámite de urgencia.

Inicialmente esa fue la decisión adoptada por la oposición, para lo que se valió de una forzada interpretación del reglamento que resultó, además de desprolija, poco clara. Logrado ese objetivo se adoptó una decisión no contemplada en el reglamento interno, la remisión a archivo del proyecto.

A esa instancia se arribó ante la negativa de los bloques del oficialismo, Encuentro Popular y Unión Comunal Tolhuin de no habilitar que la Cámara se constituyera en comisión, para impedir de esa manera –y en función de la interpretación que hicieron del reglamento– que los legisladores del FPV, MPF, UCR y MO pudieran dejar sin efecto ese “trámite de urgencia”, para obligarlos de esa manera a resolver sobre ese particular en poco más de 3 días. Lapso en el que debía convocarse a las comisiones de legislación general, presupuesto y tierras fiscales, y posteriormente a sesión para dejar sin efecto el “urgente tratamiento” del proyecto.

Sabiendo de antemano que algunos Legisladores ya tenían previsto ausentarse de la provincia horas después de finalizada la sesión del martes 21, oficialismo y ex oficialistas parecen haber apostado a impedir que el proyecto perdiera esa condición de preferencia para que el 21 de enero se convirtiera en ley.

Queda claro que uno y otros incurrieron en un mismos error, el de pretender imponer su postura no por la vía del acuerdo sino por la fuerza.