Entre los dirigentes que concurrieron a la reunión estuvieron Ofelina Santucho, de la Comunidad Tonokoté Breaioj y miembro del Foro de la Agricultura Familiar; María Farías, de la OCCAP, Org. Campesina de Copo, Alberdi y Pellegrini-zonal Mocase; Nelly Solorza, diputada provincial del Frente Compromiso Social-OCCAP y del Foro de Agricultura Familiar; Emilio Llanos, presidente de la Federación de la Agricultura Familiar “Tucuy Reycu”; Mabel Llinás, diputada provincial por el Frente Compromiso Social; Josefina Sosa, presidenta de la Organización Madres Unidas del Pacará y su vicepresidenta, Gladys Sosa; Silvia Salto, miembro de Madres Unidas del Pacará; Leonardo Suárez, referente provincial del Partido Comunista; Alejandro Jerez, presidente de la Federación de Cooperativas; Rina Fernández, de la Cooperativa 25 de Mayo; los comisionados municipales: de Guardia Escolta, Ariel Jorro; de Fortín Inca, Omar Llanos y de Lugones, “Toto” González; concejales de Las Termas, Nueva Esperanza, Pozo Hondo, Bandera, Sumampa y de San Pedro de Guasayán; Jos Nour, dirigente social de San Pedro de Guasayán; Alba Lía Garzón, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Ramón Sánchez, de la Federación Tierra, Trabajo y Vivienda.

Entre los puntos más importantes que integran el programa del Foro Social y Popular que le hicieron conocer al gobernador Zamora, se pueden mencionar: la redistribución de los recursos para políticas orientadas hacia la economía social para la construcción de viviendas y módulos habitacionales a través del trabajo cooperativo y otras formas de organización social y un programa de apoyo a la producción de las familias campesinas, pueblos originarios y productores de la agricultura familiar; la profundización de políticas de fortalecimiento de las organizaciones sociales, a través de maquinarias, herramientas y equipamiento para las comunidades campesinas y de productores familiares como estrategia de empoderamiento del sector y liberación popular; optimización de las políticas de reconocimiento de derechos para los sectores populares en su conjunto; adecuamiento de las estructuras del Estado que garanticen efectivamente la redistribución y la aplicación de recursos públicos en las políticas para los sectores populares; políticas públicas que garanticen y profundicen la justicia para la defensa de los derechos posesorios -la inmediata sanción y puesta en funcionamiento de los juzgados de tierra y derechos ambiental-, entre otros, garantizar recursos presupuestarios para las soluciones estructurales a la problemática del agua y medidas urgentes para la atención de la emergencia hídrica.