Tras señalar que fue la primera vez que los gobernadores se reúnen a evaluar las distintas alternativas que se presentan en torno a la Ley de Coparticipación Federal, remarcó que cada uno tuvo de los presentes tuvo la posibilidad de exponer su punto de vista. "Más allá de la disparidad de opiniones entre los distritos, primó la idea que las alícuotas de distribución por coparticipación no tienen que se modificadas", enfatizó.

"Sin lugar a dudas la discusión llevará años", consideró y agregó que "si estamos con veinte años de atraso en el diseño de un sistema de coparticipación, nada hace suponer que vayamos a ponernos de acuerdo en dos o tres meses, por lo que hay que dejarlo de lado como prioridad".

"No obstante, se enviará los equipos técnicos para continuar con las conversaciones", prosiguió e insistió en que "no tiene que ser un objetivo de los gobernadores a corto plazo".

Para el doctor Barrionuevo, se debe diseñar algún camino alternativo, tratando de no modificar la Ley 23.548 regulatoria de la Coparticipación de Provincias. "Quizás, sancionar una ley distinta, con las mismas alícuotas y porcentajes de distribución", apuntó.

Explicó que ese mecanismo es mucho más rápido y menos complicado que el sistema vigente. "Se abrirán muchas más posibilidades de que se alcance un acuerdo", estimó.

Continuó indicando, que "al ser una ley distinta, se trata de distribuir fondos que no están previstos en la otra, porque hay que pensar en los excedentes, como el del presupuesto global, o en la recaudación de determinados tributos que pueden o no ser coparticipables en la actualidad".

"Lo que interesa es que sea un camino, una herramienta distinta a Ley de Coparticipación", finalizó el Mandatario jujeño.

El 7 de mayo próximo continuarán las reuniones, esta vez con la participación de equipos técnicos por cada una de las provincias, además de los gobernadores.

Partido LyDER objeta un

eventual endeudamiento

La conducción del partido Libertad y Democracia Responsable (LyDER) se pronunció en contra del eventual endeudamiento del Estado provincial con el Banco Nación, mencionado como alternativa para salvar tierras pertenecientes al ingenio La Esperanza.

"El Estado se estaría haciendo cargo de la deuda de un privado, hipotecando el futuro de muchos jujeños a 10 o 20 años", advirtió Isolda Calsina, titular de la fuerza política.

Marcó sus objeciones, señalando que "esto genera un precedente muy grave, porque hay muchas hipotecas en contra de La Esperanza".

"Por un lado, se dice públicamente que no hay plata para pagar mejoras salariales y, por otra parte, surgen estos anuncios que irritan", argumentó. Cabe recordar, que en la última sesión legislativa el silencio de la bancada oficialista resultó llamativo, actitud que sólo se vio alterada cuando la diputada Alejandra Mollón (LyDER) alzó su voz para opinar y dejar sentada su postura personal y la del partido.

En referencia al rol de otras fuerzas partidarias, Calsina opinó que "da pena escuchar que los que siempre defendieron la institucionalidad se olviden de la Constitución y estén a favor de una operación que la violenta".

"En un contexto de crisis que hoy tiene la provincia -prosiguió- es inadmisible que Jujuy se endeude para cubrir una deuda de los dueños del ingenio La Esperanza, mal administrada por una familia de Santiago del Estero que dejó deudas por doquier".

"Es llamativo y extraño que los viejos partidos políticos de Jujuy, ante esta situación, no hablen y miren para el costado", finalizó.

SESION ORDINARIA

En el marco de la sesión ordinaria convocada para hoy, la Legislatura de la Provincia se introducirá en el debate por la operatoria crediticia prevista para el salvataje de tierras del ingenio La Esperanza.

No pocos diputados consultados sobre este particular expresaron su desconocimiento, mientras que otros que solicitaron mantener sus nombres en reserva optaron por no emitir opinión alguna.

Crearían registro nacional

de deudores alimentarios

La senadora Liliana Fellner presentó un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, atento a "la trascendencia social que emana del hecho de que existan personas sufriendo penurias económicas mientras sus familiares, que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio, incumplen en el pago de dichas prestaciones".

Remarcó además, la importancia de "preservar el sentido de solidaridad de la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de su rol de padre o madre".

El objetivo de la legisladora jujeña, es cubrir las necesidades alimentarias de las personas, creando el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y estableciendo mecanismos que, de modo razonable y proporcionado al fin perseguido, obliguen al deudor alimentario a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria son sus hijos.

"Toda persona obligada al pago de alimentos, cuya prestación haya sido establecida por resolución judicial o convenio debidamente homologado, que incumpliere el pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, cualquiera sea su periodicidad, previa interpelación judicial bajo apercibimiento, será declarada deudor alimentario moroso e inscripto como tal en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos", explicó.

El sistema propuesto se complementa con la exigencia, para la realización de ciertos trámites que la misma ley enumera, de la presentación de una constancia de inexistencia de deuda alimentaria en mora, que se obtendrá a través de la página de internet del organismo y en tiempo real.

La existencia de deuda alimentaria en mora traerá como consecuencia, en algunos supuestos, la imposibilidad de proseguir con el trámite o solicitud en cuestión, y en otros generará el deber de notificar al registro la operación financiera realizada por el deudor. Es decir que la existencia de deuda en mora en algunos casos implica una sanción, que consiste en la imposibilidad de obtener una resolución de un trámite o solicitud. En otros, acarrea el deber para la entidad financiera involucrada, de notificar la operación realizada por el deudor con la intención de facilitar la efectiva percepción del crédito alimentario.

Aclaró que "el proyecto contempla aquellos casos en los que el incumplimiento no obedece a una actitud dolosa del deudor, sino a razones de fuerza mayor, caso fortuito u otras circunstancias no imputables al mismo".

De esta manera, la senadora justicialista retomó las iniciativas presentadas en el año 2005 como diputada nacional y en el año 2008 en su actual mandato como senadora.

"Se busca introducir mecanismos más ágiles para la obtención de constancias de inexistencia de deuda alimentaria en mora, como así también establecer distintas consecuencias ante la existencia de deuda en mora, tomando como criterio para esta distinción cuál es el medio más idóneo para la efectiva percepción del crédito alimentario", finalizó.