Lo informó el ministro del STF Marco Aurelio Mello, quien el viernes negó un hábeas corpus presentado por la defensa de Arruda, quien quedó preso por corrupción tras haberse entregado el jueves ante la Policía Federal.

Arruda, del partido opositor de derecha Demócratas, al que renunció cuando fue acusado, aspiraba a lograr su libertad el próximo miércoles, primer día hábil después del carnaval.

"El miércoles no habrá audiencia; posteriormente tendremos que confeccionar un informe y someter el pedido de hábeas corpus y la excarcelación en el plenario del STF y para ello pasarán entre 20 o 30 días", dijo el juez Mello a la radio Jovem Pan.

La decisión de Mello de mantener a Arruda detenido en una celda de la Policía Federal se basó en que el gobernador está imputado de haber participado directamente del intento de soborno a un periodista para entorpecer las investigaciones.

Arruda es el primer gobernador preso por corrupción en ejercicio del cargo en la historia del país y durante 2009 su nombre había sido puesto en danza para ser el candidato a vicepresidente de la fórmula opositora para las elecciones del 3 de octubre próximo junto a José Serra, gobernador de San Pablo, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El Distrito Federal de Brasilia, creado como capital hace 50 años, es gobernado interinamente por el vicegobernador Paulo Octavio, quien dijo que buscará el apoyo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para continuar al mando de la capital hasta el fin del mandato.

Pero Octavio tiene cuatro pedidos de juicio político en su contra por su presunta participación también en el sistema de sobornos y reparto de dinero ilegal.

Paralelamente, Lula no descartó el viernes una intervención federal a Brasilia. "Espero que lo que ocurrió con Arruda sirva de ejemplo para que no se repita", declaró el mandatario.

Para Mello, la intervención federal debe ser evaluada por el STF porque "la intervención es un acto extremo, que implica anormalidad en la federación".

"El presidente Lula podrá decretar la intervención federal sólo si el STF considera que no hay otra solución" pero aún "es muy temprano para hablar de eso", dijo.

En otro orden, el juez del STF que negó la libertad al gobernador de Brasilia explicó que su decisión apunta a reducir la sensación de impunidad en el país. "Esta decisión aleja la sensación de que la cárcel es sólo para los pobres", dijo.

"Tomé la decisión de mantenerlo en prisión porque se corría el riesgo de que cometiera otras prácticas delictivas", dijo Mello. En diciembre de 2009 un colaborador de Arruda, Durval Barbosa, se dispuso a grabar todas las escenas de pagos de supuestos sobornos de Arruda y sus funcionarios para la Policía Federal, que ejecuta la operación Caja de Pandora en el poder de la capital.

En las imágenes aparecen Arruda negociando comisiones ilegales y sus colaboradores guardando dinero en la ropa interior y medias. El caso, según el juez Mello, de la máxima corte de Brasil, "revela que las instituciones están funcionando en el país: el sentimiento de impunidad tiende a ser abolido, prohibido; el ejemplo siempre tiene que venir de arriba".

En diciembre, al verse por televisión recibiendo dinero en efectivo filmado por las cámaras policiales, Arruda explicó que el monto estaba destinado a la compra de pan dulce para los pobres.