La diputada provincial del FrePam, Claudia Giorgis, afirmó ayer que "el PJ no tiene autoridad moral para pedir una licitación" del servicio de recolección de basura y barrido de calles en la capital pampeana. La ex concejala recordó que durante la administración del ex intendente Néstor Alcala se obvió ese paso y se otorgó la prórroga "ilegal" de la concesión hasta septiembre de 2010.

Giorgis planteó ayer que el servicio debería quedar en manos de una sociedad del Estado, una idea que fogoneó en su momento, sin suerte, para el servicio de transporte urbano. "Sería factible. Es una alternativa. Tiene la ventaja de que el capital y el control es del Estado, pero descentralizado a través de un consejo tiene mayor dinámica operacional que la administración pública", refirió.

El directorio de esa empresa, sugirió, debería tener representantes del Estado municipal, del Sindicato de Camioneros e inclusive de la Cooperativa Popular de Electricidad, si la entidad se decide a participar en el emprendimiento.

"La fuente laboral de los actuales trabajadores debe mantenerse. Y con el mismo convenio colectivo de trabajo", aclaró.

Sobre la invitación a la CPE, dijo que "es una decisión de la cooperativa, me parece que podría hacer un gran aporte porque tiene experiencia de gestión como empresa de servicios".

"Una sociedad del Estado tiene la ventaja de tener la flexibilidad y dinámica que tienen que tener este tipo de servicios. Si el Estado va a invertir, que esos recursos queden en la ciudad y se reinviertan. La empresa no tiene que ser deficitaria, tiene que contemplarse rentabilidad y amortizaciones para recuperar el capital, tiene que ser eficiente", añadió.

- ¿La CPE debería participar? -le consultó El Diario.

- Siempre dijimos que debería intervenir en los servicios, desde que en el ‘97 Jorge directamente la dejó afuera de una licitación, ex profeso. Siempre planteamos los servicios en manos locales, sea a través de cooperativas o no, pero que los recursos queden acá. Eso no ocurrió. Pero es una decisión que no pasa por una posición política.

- Los plazos para decidir se vencen.

- Los tiempos se están acortando. Se deben tomar definiciones. Nuestra posición, la del Fregen, no es nueva. Ahora los concejales del PJ dicen que habría que llamar a una licitación. Eso tendrían que haberlo planteado cuando se hizo la mal llamada prórroga, que fue una entrega directa a Clear, un delito. No tienen autoridad moral para plantear la licitación. Los servicios públicos son del Estado y tienen prioridad las cooperativas.