El secretario de Transporte de la Municipalidad, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el presidente de la Tamse, Alberto Giménez, concurrieron ayer a la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante para responder a un pedido de informes referido al incendio en el predio de Tamse que destruyó unidades de la empresa.

Si bien la citación impulsada por la edil de Unión por Córdoba (UPC), Alejandra Vigo, estaba prevista, en un comienzo, para el 28 de mayo, recién ayer los funcionarios asistieron notificando de su presencia al resto de los bloques apenas una hora antes del inicio de la comisión.

Sin salirse de los puntos establecidos en el pedido de informes, Giménez admitió que el predio de barrio General Mosconi no cuenta con la habilitación municipal debido a que, por su ubicación, no podrá obtener el certificado final de Bomberos. Es que, entre otras puntos, esa zona no es apta para contar por ejemplo con los pozos de almacenamiento del combustible. No obstante, el titular de la estatal insistió con que desde 2009 el lugar cuenta con una habilitación provisoria pero aclaró que tienen el permiso precario de la Secretaría de Energía de la Nación por el tema de los combustibles y que también cuenta con plan de contingencia y cumple con los programas de capacitación para situaciones de incendio.

Por otro lado, Giménez indicó que en el predio había 210 ómnibus cuando se generó el siniestro (54 estaban prestando servicios), y que en total fueron afectados 10 coches, entre unidades dadas de baja, operativas y en recuperación. Sobre ese punto, desde el bloque UPC observaron que de los seis ómnibus que estaban en recuperación, la Tamse seguía cobrando los subsidios nacionales como si estuviesen circulando.

Frente a las preguntas de los concejales, el funcionario indicó que el predio era custodiado con 7 guardias privados, uno de ellos de rondín quien dio la alarma de incendio. Sobre eso, Vigo recordó que la empresa municipal gasta unos 5,6 millones de pesos en seguridad al año, cifra que la oposición consideró más que suficiente para proporcionar mayor protección al lugar.

El funcionario también se refirió a las amenazas que dijo recibir y las denuncias respectivas que realizó por estas situaciones. Ante otra pregunta específica respondió que en el lugar, además de los guardias había dos inspectores, 66 choferes y 51 técnicos.

Asimismo, indicó que en los días previos al hecho, había comentarios múltiples en corredores de la empresa sobre la posibilidad de incendio. De todos modos, ratificó que los dos detenidos por el hecho no tenían vinculación con la empresa, ni son familiares de empleados. El funcionario no respondió la pregunta de Vigo sobre si le atribuía intencionalidad política o sindical al hecho, ante la inminencia de la privatización de Tamse.

Las respuestas no conformaron a gran parte de la oposición.