La Unión de Personal Civil de la Nación acusó a la gestión municipal de Leandro Altolaguirre de “demonizar a los trabajadores”, con persecuciones constantes, amenazas y sanciones sin derecho a defensa. El gremio explicó que se aplica la Norma Jurídica de Facto 807, de la dictadura, que ya fue derogada en el caso de la administración pública provincial.

UPCN denunció en conferencia de prensa que se aplican descuentos de manera inmediata, ante la sola decisión de funcionarios de distintas áreas. Ricardo “Caio” Valcarcel, a cargo de la secretaría general del gremio, y la abogada Marta Sánchez Alustiza plantearon la situación a la que describieron de gravedad, aseveraron que se trata de maniobras sistemáticas -señalaron al menos 15 casos puntuales- y advirtieron sobre la judicialización de distintos casos.

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“Siguen la política del gobierno nacional: quieren demonizar a los trabajadores para que la sociedad proteste contra nosotros y diga que somos todos vagos”, resumió Valcarcel, responsable Operacional del gremio hasta que se reincorpore en su lugar el secretario general electo, Jorge Lezcano.

El sindicato -en una conferencia donde estuvieron otros integrantes de la comisión directiva- describió un panorama de persecución, maltrato, amenazas seguidas de sumarios, descuentos salariales arbitrarios, aplicación de sanciones sin derecho de defensa, impedimento del ejercicio de la libertad sindical. Repudiaron las “permanentes declaraciones públicas de funcionarios estereotipando al empleado público como vago e ineficiente, no se hace más que violar derechos humanos que afectan el estado de salud psicofísico del trabajador y su familia”.

“El diálogo no existe”

“Es lamentable llegar a esto. Se buscó el diálogo, pero nunca existió y por lo visto nunca va a existir. Se ha instalado la costumbre de imponer el miedo a los trabajadores: miedo a pedir algo que tenga que ver con el trabajo, miedo a protestar”, describió Valcarcel.

“Exigen capacitación a los trabajadores pero no se capacitan en la gestión. Trasladan su ineficacia, su ineficiencia, deslindan responsabilidades en quienes no tienen ni voz ni voto: los trabajadores. Para que la sociedad prejuzgue”, insistió.

UPCN reivindicó a los trabajadores y aseguró que la misma percepción tienen frente a la problemática otros gremios, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

La dirigencia remarcó que en varios organismos faltan insumos y que los empleados son “desvalorizados” a la hora de la toma de decisiones: “hay personas que hace 20 o 30 años que trabajan a las que no tienen en cuenta, pero los funcionarios vienen de afuera diciendo que saben, pero no demuestran nada”.

El responsable de la secretaría general del gremio dijo que se apunta a “judicializar la problemática”, porque además “no hay un ente que regule” cómo debe funcionar el tema, “así que hacen y deshacen a su antojo”.

Acusó directamente al director de Recursos Humanos Juan Armando Weigel “que interpreta la ley como se le ocurre, y al que le gusta bien y al que no también”.

Judicialización

Los dirigentes describieron que la aplicación de descuentos se hace sin tomar en cuenta “la repercusión en las familias”. Eso ocurre “en todas las áreas en general”. Los descuentos se hacen prácticos “sin derecho a réplica o a defensa”, describió Valcarcel.

“Además asustan con amenazas de descontar horas”, precisó. Marta Sánchez explicó que las suspensiones sin sumario previo se aplican basándose en la NJF 807, que en la Provincia se derogó para reponer en su totalidad la Ley 643, pero que en el municipio sigue vigente porque la ordenanza nunca fue derogada.

“No hay charlas ni notificaciones”, advirtió la abogada y agregó: “Se aplican suspensiones y se recorta el salario. Tenemos más de una decena o quince casos en que hemos presentado recursos de reconsideración. Los planteos de los trabajadores son denegados por una cuestión de forma. A los trabajadores los acusan de supuestos incumplimientos o abandonos de trabajo, pero lo que se ve es que quieren ahorrar dinero, ajustan por ahí”.

Aludió a un caso concreto en que a una mujer le descontaron el 50% de su salario porque no le aceptaron como válido un certificado médico, porque no fue entregado en término. “Nunca vi algo así en varias décadas de la administración pública”, indicó Sánchez.

En cuanto a la judicialización, el caso más avanzado es el de un delegado trasladado sin autorización. En ese caso se presentó un recurso de amparo. Otra figura “muy grave” -dijo- que se utiliza es la del “pase a disponibilidad”: un trabajador es cambiado de lugar sin motivos. La abogada aseveró que el “pase a disponibilidad” únicamente se aplica, de acuerdo a la Ley 643, cuando un organismo es suprimido. El traslado “debiera ser consensuado”, aseveró.