En primer lugar, es necesario acercar la Justicia a la gente. En el ámbito porteño, el titular de la Fiscalía General, Germán Garavano, instrumenta un muy buen plan para modernizar el trabajo de las fiscalías -recortando burocracia y asignando más tecnología- y permitir que los vecinos denuncien los delitos, no ya en las comisarías o en algún tribunal, sino en oficinas de los barrios, donde un funcionario, en 15 días, celebra la primera audiencia.

También, la ministra de la Corte Elena Highton, que creó una oficina de asistencia a la víctima de violencia doméstica, presentó un Mapa de Acceso a la Justicia para que personas de todo el país, antes de recurrir a los tribunales, sepan que tienen a disposición oficinas de mediación y arbitraje en todo el país. La Corte misma está dando una muy buena señal de transparencia con la decisión de convocar a audiencias orales en las causas complejas.

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Pero la gente también mide a la Justicia con otro metro: su capacidad para castigar la corrupción política y, lo cierto, es que la impunidad está a la orden del día. Ningún escándalo de corrupción derivó, hasta ahora, en la condena de los culpables y tanto los sobornos del Senado como la valija de Antonini Wilson siguen sin explicación.

Para darles mayor independencia a los jueces, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promueve un buen proyecto de ley -que merecería ser debatido en el Congreso- para corregir los vicios que profundizó la reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner:

* En ese proyecto se propone asignar la presidencia del Consejo a la Corte, cabeza del Poder Judicial.

* Eliminar el peso numérico que hoy tiene el sector político oficialista y dar mayor presencia a jueces y abogados.

* Crear una Escuela Judicial de excelencia, que imparta cursos de formación inicial y de perfeccionamiento, como existe en Francia o en Estados Unidos. En la Argentina, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires organizó una muy sólida Maestría en Magistratura y hay otros programas en universidades privadas. Pero el Consejo de la Magistratura nunca creó una Escuela orgánica.