Galíndez indicó también que “la reunión tuvo dos aspectos, por un lado fue informativa, el Comité de Acreedores querían sobremanera, sobre todo por algunas consideraciones que se habían dado a conocer públicamente, establecer cuál era la postura que ellos habían asumido en el transcurso de toda la quiebra, básicamente se había dicho que la traba del dinero devenía por un curso de nulidad del Comité de Acreedores, se manifestó que no era así, que era por un curso de revocatoria, que independientemente de ello, anteriormente, con otro financiamiento, el Comité había tenido la misma postura, así que por una cuestión de coherencia hicieron el mismo planteo; en la anterior ocasión se habían liberado los fondos, no entendían por qué en este caso no se había producido; todos los temas en realidad obran en el expediente judicial porque nos excedían”.

Galíndez expresó además que “la idea era acercar a las partes para lograr un acuerdo, esto fue fructífero, se llegó al mismo, el préstamos debía tener como contrapartida una garantía, ese era el centro, en el acuerdo había aparentemente otra garantía, no la que el Comité de Acreedores solicitaba, que era ala Ley de Concursos y Quiebras, se manifestó que no había ningún inconveniente en que se acredite el préstamo de acuerdo al Artículo 240 de la Ley de Concursos y Quiebras, razón por la cual, observando que esto destrababa de alguna manera la situación planteada, se labró un acta exclusivamente sobre el acuerdo, sobre lo restante manifestado no se labró, dada la premura del caso”.