El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, imputó a Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Oscar Aitken y a dos máximos responsables del Banco de Chile por el delito de blanqueo de dinero en conexión con otro de alzamiento de bienes. La medida de Garzón provocó la reacción no sólo de la familia Pinochet, sino también del candidato conservador a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera.
Desde otro flanco, uno de los más fieles colaboradores de Pinochet, el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (R) Luis Cortés Villa, dijo que la medida es sospechosa en el escenario eleccionario actual –donde el candidato de derecha, Sebastián Piñera, lidera las encuestas–, dejando entrever que sería una maniobra para favorecer al postulante a La Moneda por la Concertación, Eduardo Frei.
El propio Piñera no escondió sus dudas sobre el juez español, reconocido en todo el mundo por las causas de derechos humanos que llevó adelante. "Ha tenido muchos problemas, ha sido cuestionado, investigado –dijo el dueño de Lan Chile–. Este caso demuestra con claridad la necesidad de que Chile pueda regirse por las normas de un Tribunal Penal Internacional, con jueces que dan las garantías y no estar sujetos a la iniciativa de un juez extranjero."




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