Diecisiete días antes del inicio de la campaña electoral –estipulado por la Dirección Nacional Electoral para el 14 de julio–, Unión por Córdoba (UPC) salió en las últimas horas a instalar con fuerza a sus dos principales apuestas para los comicios legislativos de octubre.

Los rostros del vicegobernador Martín Llaryora y de la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, cabeza de lista y número dos de la boleta, respectivamente, ya forman parte del paisaje urbano de la Capital con decenas de grandes afiches ubicados en las principales calles y avenidas.

Si bien el Código Electoral Nacional estipula la prohibición 
de hacer campaña electoral para todas aquellas actividades proselitistas que se realicen fuera 
de los 35 días antes de la fecha de los comicios y de las 48 horas antes de la realización de estos, 
el hecho de promocionar figuras en la vía pública no está vedado por la ley.

La condición para gambetear la legislación es que no haya referencia explícita a cargos o a partidos políticos, algo que respeta la profusa cartelería desplegada desde el miércoles por el peronismo provincial. Sólo se muestran los rostros de Llaryora y de Vigo. La frase “Córdoba unida por el verdadero cambio”, todo un guiño respecto de Cambiemos, acompaña sus rostros.

“No existe restricción alguna para este tipo de campañas anticipadas porque las imágenes sueltas sin un mensaje electoral directo quedan al margen de la ley”, aseguró José Pérez Corti, relator de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia.

Desde la jefatura de campaña de Unión por Córdoba subrayaron que la pegatina de avisos “no vulnera la ley”.

“Estamos encuadrados en lo que establecen las normas”, afirmó a La Voz Rodrigo Rufeil, intendente de La Calera y líder de la campaña de UPC.

Consultado sobre el monto de la acción publicitaria y la procedencia del dinero para llevarla a cabo, el dirigente peronista omitió precisiones. “Esta acción forma parte de toda la campaña que vamos a hacer hasta octubre. Los gastos serán computados y rendido como lo establece la Justicia Electoral”, indicó.

Para Pérez Corti, lo “realmente importante es saber qué costos tienen las acciones de propaganda y de dónde se sacan los fondos para solventarlas”.