“Pedimos el informe correspondiente y no nos han contestando. El secretario de Legal y Técnica fue a apersonarse al Polo Judicial a hablar con la fiscal con una total desfachatez. Debería haber hecho la denuncia correspondiente y no tratar de cubrir a funcionarios o empelados que participaron”, apuntó el Edil.

Además, Gamarra sostuvo que “supuestamente por no haber cumplimentando una situación de papeles” se había ordenado el desalojo, aunque aclaró que no había ninguna denuncia previa. “Fueron a patotear y a pegarle a la gente”, afirmó.

Lo cierto es que vecinos de Avellaneda denunciaron en la Justicia al intendente Jorge Ferraresi por el supuesto envío de una patota para el desalojo de un complejo de viviendas en Dock Sud, ubicado en Irala y Vértiz. Según relataron los lugareños, se acercó un grupo de personas esgrimiendo una supuesta orden municipal de desalojo. Allí, barretearon puertas y revolvieron las pertenencias en varios departamentos.

“Esgrimiendo una supuesta orden municipal y con métodos tan poco ortodoxos como ilegales, tales como el barreteo de puertas, personal municipal -con medios municipales tal como un camión del corralón, al mando de Jeremías Aguilar, quien por estas acciones fuera demorado en dependencias de la comisaria tercera de Dock Sud-, ingresaron a tres domicilios rompiendo las puertas de los mismos y sustrayendo todas las pertenencias de las familias que los habitan, sin labrar acta alguna y desconociéndose el destino de estas pertenencias”, explicaron desde el massismo a través de un comunicado.

Ese complejo de viviendas fue creado en la gestión del ex intendente y ahora senador provincial Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera, en un convenio entre la Municipalidad de Avellaneda y los gremios de Empleados de Comercio, la Uocra y el Sindicato de Empleados Municipales.

En el mismo escrito, indicaron que “estos desalojos compulsivos se habrían producido por decisión de la gestión Ferraresi, que confundiendo las atribuciones que las leyes le conceden, se siente por encima del poder judicial, actuando de modo violatorio de los derechos humanos más básicos, esto no es ni más ni menos que esa constante ausencia de diálogo con la comunidad, e institucional ya que dicho complejo de viviendas tiene como destinatarios a afiliados a distintos gremios. Es decir una forma de soliloquio tan peligrosa que puede acarrear locura”.