Se trata de 6 millones y medio. Una cifra para nada menor si se tiene en cuenta que dos programas relacionados con seguridad no se aplicaron en la Provincia de Buenos Aires. Por eso, la senadora María Isabel Gainza pidió explicaciones al Ministerio de Justicia y Seguridad por la supuesta falta de ejecución de dos programas destinados a la prevención del delito de los que "tampoco fue comunicada la suspensión".

A través de sendos pedidos de informes, la legisladora provincial solicitó al Ministerio que detalle las causas que impidieron la aplicación de los programas "Políticas para la Prevención del Delito" y "Seguridad Ciudadana e Inclusión Social" durante el año pasado. Respecto del primer programa se informó que al 30 de noviembre pasado no había sido utilizado el monto presupuestado ($1.413.500). "Se trata de un programa sobre el cual ya hemos solicitado información al Poder Ejecutivo. Y al consultar las ejecuciones de cierre de ejercicio debo resaltar que el programa no figura en la nómina del Ministerio de Justicia y Seguridad", indica la iniciativa de Gainza.

En cuanto al plan "Seguridad Ciudadana e Inclusión Social", que contaba con $ 4.936.750 para solventar su ejecución, Gainza pretende saber cuáles fueron las alternativas que implementó el Ministerio para alcanzar los objetivos de tal iniciativa y dónde fueron destinados los recursos citados.

Al fundamentar el proyecto, la legisladora de la Coalición Cívica explica que "entendiendo como clave para atentar contra la inseguridad la inclusión social y considerando esencial la proyección y ejecución de políticas que tengan como principal objetivo estas cuestiones, es que recurrimos al Ministerio de Justicia y Seguridad a que nos brinde información sobre lo ocurrido durante el ejercicio 2010".

Gainza integra la comisión de Presupuesto. "Nos encontramos con que en todo el 2010 hasta el 30 de diciembre, de estos 6,5 destinados a prevención de delito y seguridad ciudadana no se había gastado un peso ni estaba comprometido gastar nada más. La Provincia tiene un sistema bastante particular y lo que resulta es que parece que estos dos programas desaparecieron del presupuesto, como si nunca hubiesen existido. El destino era comprar bienes: patrulleros, alarmas, sistema de comunicación, handies, computadoras", explicó.

Entonces, el presupuesto cerró sin gastos. Y ese dinero que no fue invertido en el compromiso que se había asumido va a una cuenta denominada "resultados de ejercicios anteriores, que es adonde va todo lo que no se gastó y no tiene ninguna finalidad. Si tuvieron un año destinado a políticas para prevención del delito y no gastaron un solo peso, va a ir destinado a cualquier otra cosa, ya sabremos adónde. Seguramente se usarán en algo que nada que ver con la seguridad de la gente", dijo Gainza, en clara alusión a la próxima campaña política.

Otras veces

No es la primera vez, según indica la senadora, que desde la Provincia no se ejecuta un presupuesto. "Yo presenté hace poco dos proyectos vinculados al tema de mantenimiento de rutas y construcciones viales. Acá estamos hablando de 200 millones de pesos para acomodar las rutas y hacerlas más seguras, y la vida de la gente queda en medio de accidentes causados porque no hay señales y el pésimo estado. Y eso tampoco se ejecuta", agregó Gainza.

Para la senadora, "las cosas que suceden en Olavarría pasan en toda la provincia. Hay problemas de productores de campo a los que les matan sus animales y uno ve que queda tanto dinero que debió haberse usado, y ellos dijeron que se iba a destinar para esto. A nosotros nos dicen se va a usar y después uno se da cuenta que todo ese presupuesto termina siendo una gran mentira, un gran dibujo", acusó.

En este sentido, la Provincia cuenta con un amplio presupuesto en "gastos corrientes", que incluyen sueldos, contrataciones, gastos de mantenimiento de los inmuebles y publicidad. "Si uno observa la cantidad de dinero que se va en publicidad, se da cuenta que lleva dinero de otros programas que son necesarios".

El riesgo latente es la campaña política para este año, adonde irían más fondos públicos. "Si este gobierno nacional y provincial viven haciendo publicidad de su gestión, lo van a seguir haciendo", más allá de la situación financiera "complicada que atraviesa la Provincia".

De todos modos, éste no es el primer pedido de informes que realiza la senadora provincial. Hace un tiempo hizo lo propio sobre la situación de las cárceles y comisarías del interior bonaerense. "Ese es un problema muy complejo que habría que tomarlo de muchos ejes: algunas cárceles directamente no deberían funcionar. Están llenas de gente en su gran mayoría procesados mezclados con condenados. Hay organismos internacionales que hacen llamados de atención a la Argentina sobre esta cuestión", recordó. Y esto genera, sin dudas, "que para nada cumplan con la función para la cual fueron creadas. El año pasado se hicieron proyectos con organismos de derechos humanos para establecer protocolo de actuación para que pueden ir los organismos a las cárceles. Esto estaría enmarcado dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, porque una visita de control e inspección debe ser una visita sorpresiva".

La senadora insistió con los nuevos pedidos de informes con preocupación ya que la Provincia "no gasta prácticamente nada" de lo comprometido. "Es lo que ocurre, no tenemos imaginación. La gente del campo, por nombrar un ejemplo, está preocupada por los abigeatos y el dinero para comprar patrulleros que anden por la zona estaba, pero no se ejecutó. Entonces uno pretende cambiar la realidad, pero se hace difícil. Podrían haberse comprado cosas mejores, para eso estaba el dinero", concluyó.