La ex concejal kirchnerista Gabriela Bustos Arnst quedó formalmente imputada esta mañana por los delitos de “falsificación de documento público, uso de documento público falsificado y defraudación a la administración pública”, con penas de hasta 6 años de cárcel.
“Sólo voy a hablar con el fiscal. Estoy tranquila porque no hice nada”, alcanzó a decir ante la pregunta de los periodistas, mientras caminaba apresuradamente para entrar al edificio de Estomba 34.
Tal como lo venía anticipando en exclusiva LA BRÚJULA 24, Bustos había quedado complicada tras la realización de peritajes que determinaron que, por lo menos, 11 de los pasajes robados de la oficina de administración del hospital fueron confeccionados por la propia ex edil oficialista. “El patrimonio escritural pertenece a Gabriela Bustos”, repitió en sus conclusiones el experto calígrafo en el informe al que tuvo acceso exclusivo este diario digital.
Sin embargo para Giorgani, todo el peritaje resulta "poco serio" para una causa de este tipo. "Ni siquiera es un perito caligráfico el que la realizó, es un perito en explosivos", afirmó el letrado quien además agregó que aguardará conocer la formulación de los delitos que se le imputen para desarrollar las estrategia de defensa más apropiada.
La dirigente justicialista utilizó los pasajes robados en beneficio propio y de terceros, entre ellos familiares y amigos. Según la hipótesis que manejan los investigadores, la joven -que trabajó en entre 2002 y 2011 como asesora del centro de salud- metió la mano en los armarios donde se guardaban los talonarios de boletos y los usó a su antojo.
Lo que más indignó a las autoridades del Penna fue que esos pasajes estaban destinados exclusivamente para pacientes con graves enfermedades que no tenían recursos para viajar a La Plata o Buenos Aires a realizarse tratamientos de alta complejidad.
En mayo de 2012, tras la revelación de LA BRÚJULA 24 de la existencia de la causa penal, Bustos pidió licencia y abandonó la banca que ocupaba en el bloque del Frente para la Victoria del Concejo Deliberante. En su momento, la ahora imputada, recibió el apoyo de varios de sus pares y de organizaciones de Derechos Humanos.
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