Una nueva "jornada de furia", que incluyó paros en todo el país -así como marchas y protestas en más de 50 ciudades de México, la Argentina y otros países de América latina y Europa-, se cumplió ayer con motivo de ladesaparición de 43 estudiantes hace casi un mes.

La manifestación se tornó violenta en la sureña ciudad de Iguala, estado de Guerrero, donde ocurrió la desaparición de los jóvenes. Unos 5000 estudiantes y vecinos caminaron hacia el centro de la ciudad y, al final del día, unas 20 personas encapuchadas derribaron el portón principal del ayuntamiento, causaron destrozos de vidrios y muebles, arrojaron bombas molotov y provocaron un incendio.

Simultáneamente, la fiscalía general mexicana decidió ayer acusar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, prófugos de la justicia, de haber ordenado el ataque a tiros de la policía municipal y sicarios narco contra los estudiantes, la noche del 26 de septiembre, cuando hubo seis muertos y 43 desaparecidos.

Según las investigaciones, la orden de represión fue dada para impedir que los estudiantes perturbaran un acto promocional de Pineda como jefa de un organismo de asistencia a menores.

"Fue una represión violenta por parte de los policías de Iguala dirigidos por el grupo de delincuentes señalado, con intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento que el alcalde y su esposa estaban celebrando esa noche", dijo el fiscal federal Jesús Murillo.

A raíz de declaraciones de los detenidos, las autoridades hallaron varias fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres, algunos desmembrados y carbonizados, donde se teme que pudieron ser enterrados los estudiantes.

Ayer, la "jornada de furia" se llevó a cabo en lugares tan distintos como Buenos Aires, Londres, Viena, París y Texas. El epicentro de las protestas, alrededor de un centenar en total, fue la Ciudad de México, donde la marcha partió del emblemático monumento a la Independencia al Zócalo, en el corazón del centro histórico.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", decían algunas de las pancartas enarboladas durante la jornada, que se enmarca en el clamor para que el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, renuncie.

El caso sacudió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que hasta hace poco fue muy elogiado internacionalmente por haber sacado adelante reformas económicas largamente postergadas y por los golpes que les propinó a los carteles del narcotráfico.

La organización Guerreros Unidos, que habría actuado en connivencia con el alcalde y su esposa, es una de las varias bandas del crimen organizado en que se dividió el otrora poderoso cartel de los Beltrán Leyva, cuyo líder, Arturo Beltrán Leyva, murió en un enfrentamiento con marinos en 2009. La organización se dedica también a secuestros y extorsiones.

Sidronio Casarrubias, detenido la semana pasada y líder de Guerreros Unidos, confesó que los policías involucrados entregaron los estudiantes a sus sicarios, y que su lugarteniente al comienzo del incidente creyó que se trataba de integrantes de un grupo narco rival.

El detenido señaló a la esposa del alcalde como la principal operadora del grupo delictivo, dijo Murillo.