El exdirector de Deportes de la provincia, Sergio David, fue procesado por el delito de peculado en la causa de las “fundaciones truchas”, una pantalla que se usaba para triangular fondos. El juez de Instrucción Nº 7, Daniel Sáez Zamora, dictó el procesamiento y la prisión preventiva del exfuncionario marinista el viernes de la semana pasada, según confirmaron fuentes judiciales.

El magistrado le imputa a David haber utilizado tres fundaciones para sustraer caudales públicos: la Comisión de Apoyo al Albergue Provincial, la Asociación Cooperadora para el Alto Rendimiento, y la Comisión de Apoyo para Fomento y Desarrollo de Actividades Juveniles. Los dirigentes que integraban estas fundaciones y fueron indagados quedaron beneficiados con la falta de mérito o el sobreseimiento: Gustavo José Cobo, Zoraida Parada, Mari Isabel Acevedo, Carlos Alberto Wiggenhauser, Carina Beatriz Villarías, Juan Luis Verna, Liliana Mónica Italiani, Diego Gustavo Diaz, Daniel Jesús Morello, Silvia Gloria Pérez y Hugo Bernardino Pereyra.

David ya había sido condenado y cumplió en prisión la pena por enriquecimiento ilícito (foto). Ahora podría volver a la cárcel. Los desvíos de fondos se realizaon entre el 20 de abril de 1998 y el 10 de diciembre de 2003. Según el procesamiento, las fundaciones eran parte de una maniobra para “sustraer de la esfera de control del Estado los gastos que debían realizarse dentro del área de su competencia, y que correspondía se hicieran a través de su Dirección luego de someterse a los controles internos y externos establecidos por ley”.

Además de gastos relacionados con actividades deportivas, la resolución judicial menciona “erogaciones efectuadas por las comisiones que, según los comprobantes, tuvieron como beneficiario a Sergio David” y que de modo alguno “pueden ser relacionados con el fomento del deporte, máxime teniendo en cuenta que quien los realizaba no era miembro de las comisiones”. Estos comprobantes corresponden a carga de combustible, pago de tarjetas de crédito, gastos de alojamiento, pago de cuenta corriente, pago de telefonía, compra de pasajes aéreos y compra de cigarrillos, entre otros.

“Tales gastos fueron posibles realizarlos a través de las entidades mencionadas, toda vez que de este modo era factible eludir el riguroso control que se instituye por ley para toda erogación efectuada con fondos públicos, logrando de esta forma sustraerlos de la esfera de control correspondiente”, subraya el juez.

Según la acusación, David “daba las órdenes respecto de los pagos que debían hacerse con los cheques de las entidades, realizaba contratos de servicios en forma verbal, establecía los montos a pagar, en fin: administraba, en la práctica, los fondos percibidos en calidad de subsidios por las entidades de bien público”.

El juez también indica que algunos dirigentes admitieron que “la utilización de las entidades para tercerizar los fondos públicos tenía como fundamento evitar la burocracia que implicaba el contralor establecido por ley para toda erogación realizada por el Estado”.