La intención de la fundación es que el gobierno utilice ese instrumento como base de una nueva demanda judicial contra Mendoza y la Nación, aunque ahora apuntando a la en la violación de los derechos humanos de los pobladores pampeanos del oeste.

El presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, resaltó la sentencia favorable al reclamo pampeano que dictó el Tribunal Latinoamericano del Agua a principios de noviembre, cuando le dio la razón a la denuncia de la Fundación y otras organizaciones ambientales presentaron contra el gobierno de Mendoza y el de la Nación por la pérdida del río Atuel en el oeste pampeano.

“Acá no hay éxitos personales sino el resultado de un sistema de trabajo democrático. Una gran fortaleza de nuestra organización es la construcción colectiva”, dijo en una conferencia de prensa.

La nota pidiendo audiencia la presentaron el 1 de diciembre.

La Chadileuvú pretende conversar con Jorge, entregarla en mano una copia de la sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua.

“Es un documento que el Gobierno debería analizar en profundidad para todo futuro accionar con respecto al río Atuel”, dijo.

La Fundación viene pidiendo transitar la vía judicial para seguir motorizando el reclamo, algo a lo que el gobierno se ha mostrado reacio este año.

“En la defensa del Atuel hay que usar todas las armas disponibles, hay que seguir dialogando pero no hay que olvidar la instancia judicial. La mejor forma de defender el Atuel es negociar e iniciar una demanda en defensa de nuestros intereses”, señaló.

El segundo punto a plantear es la convocatoria a una amplia discusión para acordar entre ciudadanos y organizaciones una política hídrica provincial que sea una herramienta para la defensa y desarrollo de los ríos pampeanos.

“La Pampa ha sido agraviada como ninguna otra en sus ríos. Nos robaron uno, nos están robando otro, el Salado-Chadileuvú, y desaprovechamos el tercero y más importante, el Colorado. Esto es producto de un cierto desinterés, algo de desidia y la falta de una política hídrica como sí tienen Mendoza y San Juan”, señaló Gómez.

El tercer tema que la Fuchad quiere hablar con Jorge es la necesidad de que el gobierno provincial exija al gobierno nacional la reglamentación de la ley 25688, Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, una norma que ya lleva varios años de vigencia.

“Esta es una norma clave para la conformación de los comités de cuenca. Para La Pampa sería importantísimo contar con esa reglamentación, porque si hoy tuviéramos los comités de cuenca en funcionamiento, la discusión estaría en otro nivel”, explicó Gómez.

En la conferencia, por último Alberto Golberg y el diputado Martín Berhongaray reiteraron que la Fuchad tiene tomada la decisión de, el año próximo, llevar el tema del río Atuel al Comité Interamericano de Derechos Humanos, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A diferencia del TLA, el Ciddhh emite resoluciones vinculantes para los Estados que integran OEA, como es el caso de Argentina, según comentaron.