Funcionarios de Seguridad imprimen más cambios en la policía provincial

Funcionarios de Seguridad imprimen más cambios en la policía provincial

Buscan un esquema más centralizado, división clásica entre oficiales y suboficiales, acento en la inteligencia criminal y comisarías más fuertes

El gobierno santafesino tiene en marcha una nueva reformulación del esquema policial en la provincia. Los cambios a introducirse dejarán de lado criterios que marcaron el discurso de esta misma gestión y se asentarán en la idea de volver a generar una estructura más centralizada, que deje atrás la noción de fragmentar a la policía en diversas unidades autónomas, idea que se inspiraba en facilitar su control y evitar núcleos cerrados de corrupción.

El modelo se asienta en tres grandes vigas. La primera es dejar atrás la ley de Personal Policial aprobada en 2006 (durante la gestión de Jorge Obeid) y que, según la interpretación predominante en el gobierno, descalabró el sistema de jerarquías relajando la disciplina interna y afectando la cadena de mandos. La segunda es el rediseño de la formación de los uniformados, con tres escuelas diferenciadas según los roles policiales, y donde el corpus pedagógico pase por el estudio de la criminalidad contemporánea y las técnicas criminalísticas para hacer frente al delito. Esto ya está consagrado por un decreto que el gobernador Antonio Bonfatti firmó el pasado 15 de marzo. La tercera pata del plan es redefinir los roles y las jurisdicciones territoriales de las comisarías para dotarlas de mayor fuerza, convirtiendo al jefe de las seccionales en una figura fuerte, responsable al momento de brindar respuesta al delito como también de las omisiones o desaciertos frente a esa misma tarea.

Estos lineamientos provienen del sector incorporado más recientemente por el gobernador para cuestiones de seguridad y manejo policial. Son el sector representado por José Ricardo Spadaro, quien se desempeña como secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales; el subsecretario de la misma área, Carlos Colombetti; y el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Chaumont. Los tres son oficiales superiores retirados de Gendarmería Nacional.

Lo nuevo y lo que sigue. El esquema nuevo manda definitivamente al archivo al plan de crear 51 jefaturas de policía de ciudad anunciado hace menos de diez meses y reniega de las iniciativas de policía municipal. Sí mantiene la creación de cinco jefaturas regionales, una por nodo, y algunas unidades nacidas en base a criterios de especialización, como la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Comunitaria.

Otro punto nodal es la creación de una Jefatura de Estado Mayor a nivel de la provincia con cinco áreas: Personal, Operaciones, Logística, Inteligencia y Finanzas. Esto se replica en cada regional con las llamadas planas mayores.

"Este es un plan para reorganizar la policía provincial donde algunos aspectos de la reforma pasada quedan y otros se modifican", dijo Spadaro. "Aspiramos a debatirla con todos los partidos con representación legislativa porque soñamos con la mejor policía y para ello es necesaria una política de Estado y no emparchar lo que tenemos. No buscamos imponer, sino debatir e incorporar las buenas ideas, vengan de donde vengan", sostuvo.

Es un asunto que invita a la discusión. A ocho meses del final del mandato de Bonfatti, su gobierno estuvo marcado por tres ideas. La primera, de corta duración, fue la que comandó su primer ministro de Seguridad, Leandro Corti. La segunda estuvo dada por los criterios reformistas inspirados por la asesoría del Inecip, comandado por el procesalista y criminólogo Alberto Binder (ver página 10). Ahora asoma una tercera etapa que revisa los diseños previos aunque, aclara Spadaro, no desdeña los planteos de Binder. "Nos basamos como Binder en la convicción de que es fundamental la inteligencia criminal, en base a estudios del terreno, para intervenir sobre el delito. Para actuar contra la delincuencia primero hay que conocerla", dice.

Se necesita inteligencia. Otro aspecto acentuado de la enmienda es que el diseño de los planes operacionales de la policía se asienten en inteligencia criminal. "Enfatizaremos en la capacitación. Se trata de que se sepan cuáles son los problemas en la calle, a nivel de los agentes que la caminan, y que trasladan información a las planas mayores. Inteligencia criminal no es más que tratar de hilvanar lo que está oculto y hacerlo dentro de la ley".

Spadaro y Chaumont valoran que la crisis policial actual fue profundizada por la Ley de Personal sancionada en 2006, que según entienden eliminó las jerarquías borrando cuadros de oficiales y suboficiales y generando un escalafón único, lo que produjo un desajuste que sólo no habría ocurrido empezando de cero, pero nunca con el personal en servicio con orígenes académicos y perfiles laborales diversos. Esa norma, según creen, quebrantó el esquema disciplinario, al que se reemplazó por un sistema administrativo que no se aplica porque además de no estar reglamentado hubiera requerido cuadros de abogados en la policía, en la defensa, en la acusación y en Tribunales.

También interpretan que con la creación del Instituto de Seguridad Pública (Isep) se eludió una reforma de fondo real. "Bajo el pretexto de promover técnicos en seguridad se olvidó que lo que se forma son policías y no empleados administrativos de tecnicatura. Más allá del esfuerzo de las autoridades del Instituto persistió un disparate que solo promovió 100 personas aproximadamente con tres años de estudios y que divagan en un limbo sin saber bien qué grado tienen. Otros 2.500 han hecho hasta el segundo año y están en la misma incertidumbre", dice Spadaro.

Los principios del cambio esbozado están en un decreto firmado por el gobernador que crea en el ámbito del Isep distintas escuelas: una para oficiales superiores de la policía, otra de especialidades en seguridad para suboficiales y una escuela de policía para oficiales. Luego, mediante un anteproyecto de ley, se apuntará a restablecer el doble cuadro de jerarquías (oficiales y suboficiales).

Los tres funcionarios señalan que en el plan de reformulación policial previo quedó sin atender el plan para comisarías que entienden de muy baja profesionalización, sin esquemas actualizados de trabajo y carentes de recursos y tecnología para dar respuesta. "Nos enfocamos en armar distritos fuertes según el modelo de la Guardia de Finanzas de Italia, que desarrolla tareas de policía judicial y seguridad pública, o de Carabineros de Chile que son estructuras que funcionan. Y que lo hacen por supuesto en base a un férreo control de la corrupción que es un problema esencial aquí sobre el que se avanzó poco", señala Spadaro.

Dudas y reparos. Algunos sectores dentro del Ministerio Público de la Acusación o los ámbitos académicos miran con reparo estas enmiendas. Entienden que hay en ellas una retórica (apelación a la ley, el orden, la disciplina) que es funcional a un viejo sistema institucional policial que fue el que fracasó tanto en la respuesta al delito cuanto al constituirse en un regulador de la corrupción. Lo que piensan es que la reforma de la ley de Personal de 2006 no afectó en nada a la policía sino que mantuvo indemnes a las dinámicas y andamiajes de la institución santafesina.

Una situación perceptible es que este tipo de discursos encuentra adhesión en oficiales superiores. Uno de ellos le dijo a este diario. "Vemos muchas variantes en muy poco tiempo y la pregunta que nos hacemos siempre es quién lidera estos procesos, con qué herramientas y además con qué convicción. Para poder mandar uno tiene que demostrar una convicción firme y fe en lo que se está haciendo", deslizó.

"La convicción en lo que postulamos es absoluta", dijo Spadaro al respecto. "Acá nosotros vemos confusión en los temas remanidos como la autogestión policial. La policía o el ejército son organizaciones profesionales dirigidas por policías o militares que estudiaron profesiones específicas. La gestión política no se ejecuta superpoblando de controles civiles internos o favoritos en las cadenas de mando, donde nunca llegan a entender la lógica interna. El control político tiene que ejecutarse a nivel ministerial con un cuadro de expertos que maneje objetivos de gestión, planes, programas educativos, metas de resultado alcanzado, evaluaciones de desempeño, el cuidado de la autoestima del buen policía y la eliminación sistemática de toda transgresión. Lo que se ensaya fuera de este cuadro no ha dado resultado en ninguna parte".

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