Pasaron dos años y medio desde el momento en que, por primera vez, se conoció el escándalo de los medicamentos oncológicos recetados a personas fallecidas que habían estado afiliadas al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Fue precisamente el diario Hoy el que dio la primicia a finales de 2011, poniendo blanco sobre negro lo que estaba ocurriendo.

Desde ese entonces pasó mucha agua debajo del puente. Funcionarios, médicos y farmacéuticos, que habían sido detenidos por esta estafa a mediados del año pasado, fueron liberados semanas después a partir de una polémica excarcelación extraordinaria otorgada por el juez César Melazo, a pedido del no menos controvertido abogado Fernando Burlando.

Igual el escándalo se fue incrementando. Y lo fuimos siguiendo paso a paso en las páginas de nuestro diario. Fue así como a partir de las pruebas aportadas por la Asociación de Profesionales del IOMA (APIOMA), que preside Idelmar Seillant y Alejandro Chavero, que fueron los primeros denunciantes en la causa judicial, la investigación avanzó y derivó en una serie de allanamientos ordenados desde la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata que se concretaron ayer. Asimismo, un supuesto involucrado en las maniobras estaría prófugo.

Las pruebas que se ha­brían encontrado serían contundentes y llevó a que dos exfuncionarios que estaban excarcelados, previa declaración indagatoria, volvieran a estar tras las rejas. Estamos hablando de Marcelo Piergiácomi, alias Pier, y de Sergio Leonardo Massaccesi, que al momento de estallar el escándalo se desempeñaban como titular de la Subdirección Técnico Científica y de Farmacia y Bioquímica del IOMA y como Jefe del Departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica respectivamente.

Tanto a Pier como a su co-equiper se les cambió la calificación del delito que se les imputa: pasaron de ser partícipes a jefes de una asociación ilícita, con una pena prevista de hasta 10 años de prisión.

Fuentes de la obra social confirmaron a Hoy que se enteraron de forma extraoficial de las detenciones y que hoy el director de Relaciones Jurídicas del IOMA se hará presente en la Fiscalía para interiorizarse del avance de la causa. La obra social es particular damnificado y querellante en el proceso.

También informaron que tanto “Piergiácomi como Massaccesi fueron apartados de sus funciones hace varios meses”, aunque seguían percibiendo sus haberes como empleados.

Según pudo saber Hoy de altas fuentes judiciales, los allanamientos de ayer tuvieron lugar en las farmacias Caruso, La Protectora y Delgado de La Plata, y la farmacia Fénix de San Nicolás.

Durante el operativo se habría secuestrado documentación y recetas relacionadas con el Plan Meppes, el programa del IOMA destinado a la cobertura de medicamentos de alto costo para patologías como el cáncer. Y hasta se habrían secuestrado drogas que formaron parte de la estafa.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando la investigación se centró en el accionar de farmacéuticos que supuestamente retiraban y distribuían esos medicamentos en el mercado ilegal o para realizar maniobras fraudulentas, ahora existirían pruebas concretas de que tanto Piergiácomi como Massaccesi eran los que tenían acceso y manejaban esos remedios a través del sistema informático del área de Farmacia.

Una vida de lujos

Para ordenar las detenciones, los investigadores habrían recolectados pruebas contundentes. Por ejemplo, tanto Piergiácomi como Massaccesi tenían un estilo de vida que no se correspondía con el nivel de sus ingresos, siendo empleados con un sueldo aproximado de $10 mil. Por ejemplo, Piergiácomi habría viajado a Las Vegas para presenciar la pelea del Chino Maidana contra el multicampeón norteamericano Floyd Mayweather, mientras que Massaccesi habría disfrutado hace poco de un crucero en Brasil. Además, ambos exfuncionarios se movilizarían en autos de alta gama.

Cabe recordar que Piergiácomi que fue candidato a presidente del Club Estudiantes de La Plata en las elecciones de 2011.

El abogado de Pier sigue siendo Fernando Burlando, mientras que el Massaccesi tiene el patrocinio letrado de Bernardo Barrué, exsecretario general de Estudiantes de La Plata.