Simón Padrós y el coordinador del Parque Automotor no asumen sus responsabilidades. Este año hubo varios casos de abuso de bienes del Estado que no se sancionaron. Por el escándalo de la camioneta del Ministerio de Derechos Humanos, el Gobierno provincial intenta quitar responsabilidades que recaen sobre funcionarios de mayor jerarquía, quienes deben velar por los bienes del Estado. Hasta ahora el Grand Bourg solo apuntó contra el chofer que protagonizó la polémica.

El lunes, una trabajadora sexual llamó al 911 para avisar que el conductor de una Toyota Hylux, patente MUH 812, no le quiso pagar por sus servicios y que la dejó dentro del rodado durante varias horas. La camioneta fue secuestrada por disposición de la Justicia y el conductor, despedido.

Este caso deja en evidencia nuevamente el abuso de los recursos del Estado y la falta de control por parte de las autoridades.

A fines de enero, el gobernador Juan Manuel Urtubey puso en vigencia el reglamento del Parque Automotor de la Provincia a través del decreto 233/14. En ese instrumento se deja en claro que está entre las funciones del secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, supervisar el "sistema de transporte oficial". Ni una solo palabra dijo ese funcionario sobre el escándalo que incluso llegó a medios nacionales.

Bajo ese organismo se creó la Coordinación del Parque Automotor y se puso como titular a Jorge Humana. Ayer, en reiteradas oportunidades, El Tribuno intentó comunicarse con el coordinador, pero no devolvió los llamados.

Al parecer, Humana esquiva a la prensa para no exponer si se sancionó, por ejemplo, al ministro de Trabajo, Eduardo Costello, quien disponía de dos vehículos oficiales para trasladar a sus hijos desde El Encón al centro.

El reglamento para el uso de parques oficiales obliga a cada ministerio a designar por resolución un encargado de movilidad. La ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, señaló que los jefes del chofer "ya saben cuál es su responsabilidad y qué es lo que tienen que hacer". Sin embargo no dio nombres y ni las medidas que se tomarán.

El reglamento del parque automotor establece que el encargado de movilidad de cada ministerio debe "responder patrimonialmente por los gastos derivados de la omisión en el control del parque vehicular a su cargo". ¿Alguien pagará? En el Gobierno impera la anomia, incluso se viola lo que el primer mandatario firmó de puño y letra.

El uso de rodados del Estado no está permitido los feriados, como ocurrió con la camioneta de Derechos Humanos. "Cualquier excepción deberá contar con la correspondiente autorización del titular de la cartera ministerial o del coordinador general del respectivo ministerio". Aquí las responsabilidades le competen a Cansino y al coordinador de Derechos Humanos, Angel Sarmiento. Ninguno se hizo cargo.

Ni el más oficialista salió a defender a los alfiles del Grand Bourg. Hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, indicó que "la responsabilidad siempre es de los funcionarios" y dijo que los controles son muy blandos.