Gustavo Corregido sabe que cada acción suya y cada hora de trabajo suman en la construcción de su gestión como defensor del pueblo del Chaco, un instituto creado por la Constitución Provincial en 1994, pero inutilizado durante 18 años.
Y aunque suene a frase hecha, no duda: “Mi compromiso es con la gente”. Entonces señala: “Los funcionarios deben saber que hay un organismo que los está mirando y deben esmerarse más en cumplir”.
Fue el 11 de abril de 2012, en un acto en la Casa de Gobierno presidido por el gobernador Jorge Capitanich, cuando Corregido asumió formalmente sus funciones como el primer defensor del pueblo del Chaco.
“Tenemos muy lindas leyes, buenas intenciones; pero hay problemas de gestión”, analiza este saenzpeñense de 51 años, con un recordado paso por la Fiscalía Federal de Resistencia, donde tuvo a su cargo investigaciones por contaminación ambiental con agroquímicos, la instrucción de causas por los derechos humanos --Margarita Belén y Caballero-- y la lucha contra la trata de personas, que lo llevó a clausurar cabarés históricos de la capital chaqueña.
En los diez meses que lleva como defensor, Corregido recorrió buena parte de la provincia y --según sus propios cálculos-- dejó más de 800 tarjetas personales con sus datos para que los chaqueños lo contacten cuando tengan algún problema.
Ahora impulsa una iniciativa novedosa en el país y que podría estar en poco en funcionamiento pleno aquí en el Chaco: el nombramiento de delegados de la Defensoría en puntos alejados de la capital chaqueña.
Tantas personas como problemas
Hasta fin del año pasado se habían presentado 350 casos estructurados como expedientes que se tramitan ante la Defensoría. “Hay miles y miles de personas que tienen problemas; pero es estratégico que abordemos los temas de manera integral, para que con una acción se favorezca a muchos”, señala. También advierte que existe “mucha hipocresía con el tema discapacidad”, uno de los ejes de su gestión. “Es una deuda muy grande de los políticos hacer cumplir la ley de discapacidad. Hay un incumplimiento total”, acota.
Corregido, nacido en Sáenz Peña y recibido de abogado en la UNNE, tiene por delante un desafío próximo: culminar los trámites formales y administrativos para avanzar con el concurso de antecedentes y oposición que permitirá el ingreso de unas treinta y tres personas que integrarán el equipo de planta de la Defensoría.
Tiene también un objetivo de largo alcance: dejar la Defensoría en pleno funcionamiento para quien lo suceda, porque --adelanta-- está dando forma a un proyecto de ley para modificar la actual norma que rige este instituto y que impedirá la reelección del defensor.
De la veintena de personas que trabaja actualmente en la Defensoría, ninguna tiene relación de parentesco ni de amistad con él --algo muy común en muchos ámbitos de la administración pública--. Son todos adscriptos llegados por pedido del defensor desde otras dependencias estatales. “Llevar adelante un organismo con independencia, como lo es la Defensoría del Pueblo, exige un equipo de administrativos con conocimientos”, resalta ante NORTE.
La larga charla en su despacho --de estilo conservador y sobrio--, ubicado en el segundo piso de un edificio enclavado en pleno centro de Resistencia (Salta 365), se transforma en un amplio repaso que va desde la decisión del gobernador Capitanich de activar el instituto del defensor del pueblo y su posterior designación en el cargo, pasando por los incontables inconvenientes que atravesó en la Legislatura.
No quedó afuera el arduo trabajo que comenzó en soledad, con sus propios medios, acumulando expedientes en el asiento trasero de su auto, y que continúa hoy con una estructura que se perfecciona sobre la marcha, pero que comienza a darle satisfacciones.
Una buena ley
“La ley sancionada por los diputados sobre la estructura de cargos es muy buena porque habrá un concurso de antecedentes, que tiene como condimento especial y único en la administración pública provincial que los exámenes serán tomados por profesores universitarios”, explica. Y lo novedoso es que él, como defensor, quedará totalmente al margen de esa selección por concurso.
En este sentido, Corregido mantuvo contactos con los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a quienes solicitó la utilización de un software especial para las inscripciones de los aspirantes a los cargos que ofrecerá la Defensoría, al igual que un espacio físico para los exámenes. Llamar a concurso antes de fin de año es la meta, aunque todo dependerá del avance en la organización de la estructura interna.
En el afán por iniciar su función, no bien juró el año pasado comenzó a recorrer la provincia y a tomar casos. “Llegué a formar 90 expedientes, que iba acumulando en mi auto y en mi casa”, revela. No fue fácil comenzar así, como tampoco lo fue hallar un lugar donde instalar las oficinas, dado el alto costo de los alquileres cuando se trata de dependencias oficiales y públicas.
Su oficina, todavía con detalles por terminar, tiene muebles que él mismo llevó desde su casa, las banderas de Argentina y del Chaco y un par de obras de arte de un plástico chaqueño de particular simbolismo: la esencial existencia del poder para la existencia de la prostitución y la trata de personas.
Mucho por hacer
NORTE: Desde que juró, en abril de 2012, y pasado ya casi un año, ¿cree que la gente asimiló cuál es su función, competencia y la utilidad del defensor del pueblo?
Corregido: Si lo analizamos en general, no hay una idea precisa de lo que significa. Pero la gente humilde sí sabe que existe una defensoría y recurren a ella. Es cierto que está pendiente una campaña de difusión de lo que hacemos, y vamos a llevarla adelante este año. Igualmente, tengo la idea de que la mejor publicidad es la gestión.
--Sobre la base del contacto que ya tuvo con la gente en cada visita a distintos lugares, ¿cree que conocen sus derechos como ciudadanos, consumidores, usuarios y contribuyentes?
--No. En general la gente no tiene mucha conciencia de sus derechos. Únicamente se queja cuando hay algún problema puntual, generalmente vinculado con lo económico. Ocurre algo que se reitera: muchos vienen a la Defensoría a hacer gestiones; pero tenemos que explicarles que no somos un organismo de gestión. Que para hacer un reclamo primero tienen que ir al área correspondiente (Instituto de Vivienda, Insssep, Secheep, Sameep, entre otros). Nosotros intervenimos si en esas instancias la gente no recibe una respuesta o si los organismos son arbitrarios en la respuesta.
--¿No presenta una suerte de condicionamiento en el ejercicio de su función el saber que usted tiene que accionar contra quienes lo propusieron para el cargo y contra los encargados de asignarle fondos a la Defensoría? ¿Se puede lograr una verdadera independencia?
--A la luz de los antecedentes de la política, es lógico que muchos piensen de esa forma. Es un error decir que el gobernador no podía proponerme a mí como defensor porque debía ser alguien apolítico. Pero todo surge de la política, no hay otra manera de que alguien aparezca en un cargo tan político como éste de defensor.
Al momento de argumentar mi postulación, el gobernador esgrimió toda mi tarea como fiscal federal, donde justamente su administración fue investigada por la Fiscalía. Podemos también recoger los testimonios de los diputados de la oposición, que estaban conformes con la figura del defensor pero no estaban de acuerdo con que el gobernador lo propusiera.
En definitiva, en términos técnicos, el gobernador no me propuso para el cargo, sino un diputado del bloque oficialista y me votaron por mayoría de la Cámara de Diputados. Igual quiero destacar que el gobernador, al proponerme, tuvo coraje institucional porque él sabe que no tengo compromisos con él ni con el Partido Justicialista ni con la oposición.
--¿Cómo es su relación con el defensor adjunto?
--Es muy buena. Lo conozco y es una buena persona, además de un profesional que ha trabajado en distintas áreas del gobierno y tiene mucha experiencia. --¿Quedó como una simple anécdota el entredicho con los legisladores que intentaron designar parte de su equipo de colaboradores?
--Sí, creo que en lo personal es un asunto superado. He estado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara y tuvimos una reunión muy cordial, incluso con los principales actores de aquel momento. No falta nada
--Al margen del ordenamiento administrativo y del concurso que se pondrá en marcha, ¿qué le falta a la Defensoría para funcionar en plenitud?
--En realidad, a la Defensoría no le falta nada. El Poder Ejecutivo adelantó oportunamente las partidas presupuestarias que nos permitieron contratar el alquiler de un edificio, comprar muebles y un vehículo. La Defensoría está funcionando y si funcionara mal sería mi exclusiva responsabilidad.
--¿Qué calidad de Estado tenemos en el Chaco?
--A mí me gusta cómo está planteado el Estado. Es un Estado fuerte en todos sus niveles --nacional, provincial y municipal--, de forma que cuenta con recursos para atender diversas temáticas. Es un Estado protector que permite cubrir necesidades en cualquier momento o ante estados permanentes de exclusión, como todo el norte argentino. Pero, como todas esas cuestiones son administradas por personas, en algunas circunstancias no lo hacen bien o también subsisten contingencias económicas.
--¿Cómo es la recepción que tiene de los funcionarios o entidades a quienes solicita informes por las denuncias que usted recibe?
--Muchos reaccionan sintiéndose investigados. Y en realidad el defensor sólo comunica un problema que ese administrador ya conoce y que, por algún motivo, no está abordando.
A veces, cuando se da un cúmulo de faltas de respuestas, se generan problemas sociales. Creo que hay un problema de diálogo con la sociedad. La gente no está informada o también a veces hay desencuentros.
En definitiva, el defensor del pueblo es como un mediador que acerca posiciones y pone a los funcionarios de cara con la gente.


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