Así se denominó el hecho ocurrido en 2005, cuando gendarmes encontraron, durante un allanamiento, más de 12 toneladas de comida destinada a planes sociales en mal estado, en una finca ubicada sobre la ruta 305, en el departamento de Burruyacu.

La causa, por varias razones, tiene un fuerte impacto político, puesto que involucra a colaboradores directos del gobernador José Alperovich.

En un fallo dictado a fines de 2012, aunque recién cobró estado público esta semana, el titular del Juzgado Federal 1, Raúl Daniel Bejas, dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de Hugo Andrés Gatti, actual subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Además, ordenó un embargo de 4 mil pesos en los bienes del acusado, para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y las responsabilidades civiles del caso.

Idéntica medida adoptó el magistrado contra Héctor Ángel Lobo, quien en 2005 era encargado del depósito de la Dirección de Políticas Sociales de Tucumán.

Ambos son considerados presuntos autores responsables de los delitos de fraude y malversación de fondos públicos en perjuicio del Estado Nacional.

La investigación

La causa se inició en agosto de ese año, cuando los entonces legisladores Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) y Alejandro Sangenis (MP3) denunciaron, por separado, que se habían transportado varias toneladas de mercaderías, que se encontraban vencidas, desde un depósito del Gobierno hasta una estancia privada, para que las mismas sean consumidas por caballos y cerdos.

Los allanamientos concretados entonces por personal de la Gendarmería Nacional confirmaron que ese fue el vergonzoso destino final de miles de kilos de polenta y trigo provenientes del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. Esos alimentos debían haber sido distribuidos para cubrir las necesidades nutricionales de niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos de hasta 70 años en situación de pobreza, en tiempos en los que Tucumán todavía estaba en boca de todo el mundo a raíz del flagelo de la desnutrición.

Escándalo nacional

Este episodio fue tapa de diarios en todo el país y desde la oposición denunciaron que el Gobierno acopiaba esos alimentos para entregarlos, como prebenda, en las elecciones legislativas nacionales que tuvieron lugar en octubre de ese mismo año.

A raíz del hecho, Alperovich eliminó a la Secretaría de Desarrollo Social, que encabezaba Joaquín Ferre, y echó a este último junto a otros cinco funcionarios. Además de ser responsable de la distribución de esa asistencia alimentaria, junto a la entonces secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin (hoy diputada nacional del FPV), Ferre era propietario del campo donde se realizó el allanamiento: la estancia denominada Haras Copes.

Entonces, el titular del PE dijo que no se podía "jugar con el hambre de la gente" y que Ferre, pese a ser su amigo personal, lo había desilusionado. Sin embargo, en febrero de 2006 Alperovich nombró a Ferre como asesor del Ejecutivo con rango de secretario de Estado -el mismo que tenía antes-; mientras que en 2011 promovió su designación como defensor del pueblo adjunto, cargo que aún mantiene.

Ni Ferre ni Mirkin fueron considerados responsables de estos hechos por la Justicia Federal con asiento en Tucumán.

Antes del dictado de la sentencia que derivó en el procesamiento de Gatti y Lobo, Bejas hizo lugar a un planteo formulado por el abogado defensor de los acusados, Agustín Ferrari, y consideró que la causa debía ser investigada por la Justicia Ordinaria de la Provincia. Sin embargo, a partir de una apelación del Ministerio Público Fiscal, en junio de 2011 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró la competencia del fuero federal para entender en el expediente.

Además de las denuncias y pruebas presentadas por los parlamentarios opositores, uno de los principales elementos que tuvo en cuenta Bejas a la hora de emitir su sentencia contra Gatti y Lobo fue un acuerdo dictado por el Tribunal de Cuentas (TC) en 2009, que llegó a la conclusión de que hubo un daño contra el patrimonio del Estado.

El organismo de control estatal sostuvo que el perjuicio económico al erario público trepó a 5.922 pesos, producto de 18 mil unidades de polenta marca Bonillo (5.635 pesos) y de 300 unidades de trigo marca La Española (cuyo valor en ese entonces era de 237 pesos).

El TC apuntó como responsables a Hugo Andrés Gatti, quien en 2005 se desempeñaba como titular de la Dirección de Administración de la Secretaría de Estado de Políticas Sociales de la Provincia, y a Héctor Angel Lobo, quien era encargado del depósito de donde fue retirada la mercadería para ser llevada a la Estancia Haras Copes.

La sentencia

En su fallo, el juez Bejas adoptó idéntico criterio que el TC y consideró que "se desprende con el grado de certidumbre exigido en este estamento procesal que Gatti, en su carácter de Director de Administración de la Secretaría de Estado de Políticas Sociales, Lobo, en el de de encargado del depósito de la Dirección de Políticas Sociales de la Provincia, han ocasionado un perjuicio patrimonial al erario público nacional que asciende a la suma de 5.922 pesos".

Esto, según precisa el fallo, "a partir de la adquisición de 18.180 unidades de polenta marca Bonillo y 300 unidades de trigo marca La Española, las cuales se vencieron en su calidad alimentaria sin haber sido distribuidas conforme los respectivos programas sociales, ya que dichos bienes fueron separados de los destinos para los que por ley fueron creados y, en su caso, otorgados a las comisiones provinciales atento a esos fines, función ésta que a la fecha de los hechos (julio/agosto de 2005) se encontraba atribuida a la ex Secretaría General de Políticas Sociales de la Provincia".

Además, Bejas concluyó que "los recursos cuya custodia correspondía a los imputados en su calidad de funcionarios de la Secretaría referenciada, se encontraban afectados al Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, el cual tenía por objeto cubrir ’en la emergencia los requisitos nutricionales de niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos de hasta 70 años en situación de pobreza".

El magistrado recordó que esos alimentos y los fondos para su adquisición, conforme indica la ley que sustentó la aplicación de ese plan social nacional, no pueden "ser destinados a otra finalidad, siendo su ejecución de carácter prioritario".

Según determinó el juez federal en su sentencia, el plexo probatorio del expediente "en ningún caso se vio desvirtuado" por los acusados "quienes al momento de ejercer sus defensas materiales se limitaron a abstenerse de declarar".

Bejas investiga otra causa similar

El caso de la “polenta podrida” tiene vinculación directa con otro expediente que se investiga en el Juzgado Federal que encabeza Bejas y que está relacionado a presuntas irregularidades en la ejecución de un plan de asistencia alimentaria para niños desnutridos. La causa, iniciada en julio de 2005, surgió tras la difusión de una serie de irregularidades detectadas en una auditoría realizada por técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del TC de la provincia.

De acuerdo al informe, el Gobierno no habría respetado una serie de exigencias acordadas con la Nación para la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que consistía en la entrega de módulos alimentarios (bolsones).

Conforme quedó demostrado en la auditoría, la Provincia no respetó la cobertura de 36.000 beneficiarios establecida, repartió menos bolsones que los que compró y los adquirió a precios más altos que los ofertados por supermercados minoristas.

Además, el informe nacional indicó que los padrones de beneficiarios eran "poco confiables", debido a que había gente cuyo DNI no correspondía con el suministrado por el Registro Nacional de las Personas y que había otros con DNI idénticos, entre otras "incongruencias".

Las áreas responsables de la ejecución de dicho programa para niños desnutridos de hasta 14 años eran la Secretaría de Políticas Sociales, que conducía Mirkin, y la Secretaría de Desarrollo Social, que encabezaba Ferre.