Entre los deberes que debe cumplir con la provincia se prevé el "asesoramiento jurídico integral, a través de dictámenes e informes, sobre todas las cuestiones que le sean derivadas en materia de derecho constitucional, administrativo, tributario y financiero".

También, es el representante de la provincia en las "actuaciones prejudiciales y profesos judiciales en trámite y a iniciarse relacionados con activos en mora derivados del otorgamiento de asistencia crediticia con fondos provenientes del Fondo Provincial de Inversiones".

Es en este inciso donde se indica que Saravia Tamayo "tendrá derecho a percibir los honorarios que se devenguen en todas las actuaciones prejudiciales y en los procesos judiciales en que interviniere…cuando correspondiere, exclusivamente de la contraparte no pudiendo, en ningún caso, exigir su cobro a la provincia".

También se indica que podrá "ampliar el objeto del presente contrato, para la prestación de los servicios de consultoría jurídica sobre otras cuestiones no previstas en el presente" decreto.

También se establece que por los servicios contratados

Saravia Tamayo percibirá cuatro mil pesos, y deberá presentar la correspondiente certificación de servicios ante la Provincia.

En caso de que tenga que hacer gestiones fuera de Salta "los gastos correspondientes en concepto de traslado y alojamiento serán a cargo de la provincia y abonados de acuerdo a los procedimientos establecidos a tal efecto".