En General Rodríguez se debate un proyecto de ordenanza que pretende regular las fumigaciones con agrotóxicos en lo referido a las distancias permitidas de zonas urbanas. Una norma similar fue aprobada hace varios años en Luján, luego de un proceso de movilización que después se orientó a lograr el cumplimiento efectivo, algo que todavía se mantiene como un pendiente.

La situación de distrito vecino de Rodríguez hace que algunos vecinos lujanense sigan con atención el recorrido del debate. Es que existe la intención de avanzar en una normativa más laxa que la vigente en Luján. Esto podría favorecer conflictos en zonas de límites donde habitualmente se realizan aplicaciones, como ocurre en los alrededores del barrio Los Laureles. El tema se trataba nuevamente al cierre de esta edición.

El recorrido del proyecto comenzó a fines del año pasado. Según se detallada en un comunicado reciente emitido por vecinos de Rodríguez, en aquel momento la nueva gestión municipal abrió una instancia de diálogo y debate para definir una ordenanza que estableciera distancias de fumigaciones.

En ese proceso, distintas organizaciones acercaron estudios científicos que destacan los impactos ambientales y sanitarios que provocan las sustancias utilizadas en la actividad agropecuaria intensiva.

Sin embargo, “como no pudieron encauzar el debate y los intereses de los vecinos y las vecinas de Rodríguez que no iban a tono con las necesidades de los grandes productores del agronegocio y sus intereses financieros, rápidamente, se encargaron de cerrar las reuniones”.

Lejos de la apertura inicial, el proyecto se elaboró a puertas cerradas y define una distancia de protección de 200 metros. Esto marca, en comparación con Luján donde las aplicaciones terrestres imponen una zona de resguardo de 500 metros, una norma bastante más laxa: “Este proyecto posee tremendas falencias para su implementación, al mismo tiempo que a través de los medios aseguraban estar comunicándose con diferentes actores sociales, lo cual no corresponde a los hechos, exponiendo en redes sociales, diarios y radios locales que seguían en comunicación con el pueblo. En este punto, incluso llegaron a utilizar el nombre de los espacios y organizaciones que estábamos claramente en contra de la ordenanza, para intentar mostrar que actuaban con el consentimiento de las mismas.

Dejando afuera la participación de la población, y violando la Ley General de Ambiente que establece la necesidad de generar Audiencias Públicas en lo que respecta a legislación ambiental, el 12 de noviembre del 2020 se presentó el proyecto de ordenanza. El mismo fue enviado a la comisión de Ambiente del Municipio con el objetivo de ser discutido en el ámbito legislativo. Fue allí donde los vecinos manifestamos una vez más nuestro profundo rechazo a este proyecto, y nos hicimos presentes en las reuniones de la comisión”.

De acuerdo a lo expresado por vecinos organizados, desde entonces “la gestión municipal apeló a las prácticas más antidemocráticas que podemos imaginar para evitar que fuéramos parte de esos espacios, es decir, intentaron engañarnos planteando que las reuniones de esa comisión no eran públicas, nos dijeron que no podíamos entrar debido a los protocolos de la DISPO, pusieron la reunión de la comisión en un día feriado”.

En un comunicado reciente plantearon varios puntos, entre ellos, “acciones serias que correspondan a tiempos democráticos y al resguardo de nuestra salud y un sistema agroecológico que proteja la salud de la población por sobre los intereses financieros”. Respecto al eje de la ordenanza, piden “que mínimamente se amplíen los metros de restricción a 1.500 como base y se garanticen las barreras forestales”.

Autor: Nicolás Grande