La Federación Latinoamericana de Magistrados, en el marco de la asamblea que se celebró en la ciudad con las asociaciones de jueces de Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y México; denunció actos concretados por los poderes políticos de sus respectivos países que constituyen "flagrantes atentados al ejercicio de la función jurisdiccional independiente".

En este sentido, los miembros de la Federación dijeron que "se ha pretendido debilitar la garantía de estabilidad de jueces y magistrados sometiéndoles a evaluaciones periódicas por parte de Consejos de la Magistratura u otros organismos en cuya integración predomine la representación política, como condición para mantenerlos en sus funciones" y añadieron que "en ocasiones, se llegó también a promover procesos destituyentes ante decisiones jurisdiccionales contrarias a intereses políticos" para "desprestigiarnos frente a la sociedad".

Por todo esto, desde la Federación que encabeza el juez argentino Miguel Angel Caminos, repudiaron "todo proyecto que apunte a adoptar mecanismos de capacitación y evaluación de jueces y magistrados, que persiga su garantía de estabilidad, protegida por tratados internacionales y las constituciones de los países involucrados".

Asimismo, condenaron los atentados a la vida de los jueces cometidos por el "crimen organizado y exhortaron a que se provea lo necesario para asegurar su total protección". También exigieron a las autoridades públicas el "acatamiento de las decisiones judiciales y el respeto de las vías recursivas como único remedio posible a sus dictados evitando la iniciación de juicios de remoción que se funden en diferencias con los intereses políticos".

Por último, demandaron que se provean los mecanismo legales y recursos económicos dirigidos a instrumentar la necesaria autarquía financiera de los poderes judiciales, para evitar una indebida dependencia que condiciones la adecuada administración de justicia, que es deber de los Estados garantizar a todos los ciudadanos".

El caso de Venezuela

Por su parte, los integrantes de la Unión Internacional de Magistrados, condenaron "enérgicamente" la privación de libertad de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora, y la "sistemática violación de sus derechos y garantías". Los magistrados recordaron que a fines del año pasado, la jueza fue detenida en el ejercicio de sus funciones en su despacho oficial, tras haber emitido una resolución judicial y en la actualidad se encuentra recluida con delincuentes comunes y "sufriendo atentados contra su vida e integridad física".

En su declaración final, los miembros de la Unión instaron a los organismos internacionales y a las asociaciones de magistrados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y organizaciones defensoras de los derechos humanos, a que "se incorporen en un movimiento internacional por la inmediata libertad de la jueza".

Por último consideraron que "el accionar del gobierno de Chávez debe ser repudiado por otros gobernantes, por eso nos sorprende el silencio que hay sobre el tema y que no se salga a repudiar".