En el documento, el centenario partido apunta a la elección del Tribunal de Cuentas, a la situación de El Trapiche y denuncia presiones a los intendentes radicales.

Comunicado (Textual): "El rostro de la impunidad"

Las operaciones políticas con consecuencias institucionales, llevadas a cabo por el oficialismo provincial revisten enorme gravedad.

También la actitud gelatinosa de sus aliados, demostrada con conmovedora fidelidad en esa parodia de simulación llevada a cabo en la asamblea legislativa a efectos de nominar a los miembros del tribunal de cuentas de la provincia.

El espectáculo ofrecido en la ocasión por los legisladores oficialistas y satélites ha sido el de una verdadera conjura en contra del estado de derecho y de la constitución. Birlar a la oposición el miembro que constitucionalmente le correspondía, en forma por demás amañada y brumosa, lo hace más inicuo todavía.

El tortuoso procedimiento empleado, es de una alarmante caricatura expresionista, sin seriedad ni responsabilidad como funcionarios públicos. Ciertamente que el respeto por las instituciones y la calidad democrática nunca ha sido la cuerda predilecta de quienes exhiben tan descarada impunidad. Pero, advirtamos que semejante violación deja expedita la vía jurisdiccional del control constitucional, violentado por una mayoría legislativa sumisa y destemplada en la obstinada negativa a todo intento de control constitucional a un poder ejecutivo que ha comenzado a hacer nuevos alardes hegemónicos, producto de profundas debilidades y grietas con la sociedad.

La UCR ha venido manifestando que el cambio de titularidad en el gobierno, era solo de apariencias, un cambio cosmético, y nada más. El poder hegemónico, como sus titulares reales sigue intacto. El episodio de la asamblea legislativa ha dejado el sabor amargo como eslabón de una cadena de hechos por demás sintomáticos en el sentido descripto, que han comenzado por aparecer últimamente.

La presión oficial que ha empezado a ejercer el gobernador Claudio Poggi sobre intendentes electos oportunamente por el Frente Progresista Cívico y Social, exigiéndoles el inmediato alejamiento del espacio al que pertenecen, y la conformación de agrupaciones vecinales como simulacro de la operación política en ciernes para tenerlos bajo control, so pena de no refinanciar deudas comunales, nos recuerda los penosos hechos del año 2001 de cooptación de opositores, por parte de sus antecesores Alberto y Adolfo Rodriguez Sáa en el poder ejecutivo provincial.

La situación de la municipalidad de El Trapiche, Departamento Pringles, es otra de las debilidades señaladas en párrafos anteriores. Hasta el momento han venido negándose a la racionalidad planteada por el bloque de Diputados provinciales del F.P.C y S. de evitar que el próximo intendente continúe en la trampa de ser otro rehén político del oficialismo provincial, y para lo cual la elección de un Concejo deliberante sería el necesario dique de contención a la embestida hegemónica.

Los hechos denunciados gozan de absoluta objetividad. Son naturalmente constatables. Por ello importan una dolorosa reflexión. En el fondo de esas insensibilidades hay satisfacción, como la del usurero que se refriega las manos a escondidas tras otra afortunada operación. Es el culto secreto por la “avivada”, por el talento del evasor de conductas, del infractor y del aprovechador, característico de la mentalidad de los gobernantes del régimen de San Luis que tanto han hecho para empobrecerlo moralmente, y que sienten el aplauso y reconocimiento de esa fámula que los acompañan.

La nuestra es la realidad angustiante de ausencia de ejemplaridades, y de modelos de conducta. Pero también es la esperanza en un cambio de valores que ya ha comenzado a vislumbrarse.