El abogado que representa a William Fisher, Héctor Vénica, consideró que “fue un fallo de amigos y para amigos” la resolución de la Cámara en Todos los Fueros de San Martín de los Andes. Aseguró que "el informe del Dr. Salgado tiene una cantidad de afirmaciones falaces", que "se violó el derecho de defensa" y que "no se analizaron nuestras pruebas".
“Lo vimos con una sorpresa, consideramos que fue una actitud jurisdiccional brutal, discriminatoria, violatoria de los derechos de defensa de mi defendido y puedo sintetizarlo como que fue un fallo de amigos y para amigos”, afirmó Vénica en declaraciones a AVC Noticias.
“Considero que toda esta medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se origina precisamente por una burda mentira del observador de esa comisión que es el doctor (Juan Manuel) Salgado y a su vez abogado de la comunidad Paichil Antriao y es el que impulso esta supuesta medida cautelar en la que nosotros no somos parte ni tuvimos la oportunidad de demostrar las falacias de todas las cosas que se dijeron”, señaló el abogado particular.
Explicó que “comienza la medida cautelar diciendo que se había desalojado a una comunidad ancestral. Una absoluta mentira. Acá no se desalojó a nadie, lo que se cumplió es una orden judicial después de un juicio de tres años donde se ordenaba la devolución, no desalojo, de las tierras a su legítimo poseedor y propietario, que es mi parte”.
“No tiene ancestralidad”
Y recordó que “aparte dentro del mismo fallo, se demostró que esta comunidad Paichil Antriao no tiene ni ancestralidad ni tradicionalidad. O sea que los miembros de la Cámara con una absoluta brutalidad jurídica por la manera violenta en que dictaron ese fallo, lo que hicieron fue discriminar a mi cliente por su nacionalidad entiendo yo y aparte establecer a través de un fallo jurídico una ficción de la realidad porque toda la sociedad angosturense, todos sabe perfectamente que acá jamás existió un sitio ceremonial”.
Vénica dijo que “en el juicio, el señor Fisher demostró que tenía la posesión y aparte actos posesorios y aparte una sentencia firme por la cual se ordenó esa restitución y devolución del inmueble”.
Afirmó que “quedó absolutamente demostrado que esta es una comunidad urbana conformada para rescatar todas las raíces y cultura mapuche, que es absolutamente legítimo eso, pero de ninguna manera el hecho de que tengan una personería del INAI les da a ellos ancestralidad o tradicionalidad”.
El abogado señaló que “los miembros del Poder Judicial enrolados en una política supuestamente de reconocimiento y de vigencia de derechos humanos se dedican a sacar fallos sin estudiar la realidad y el fondo de la cuestión, porque acá no se trata simplemente de aplicar una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir: qué grande yo garantizo los derechos humanos. No; eso es un rédito vago, instantáneo que van a obtener, pero de ninguna manera están cumpliendo el deber jurídico que ellos asumieron al jurar el cargo que es aplicar la ley y respetar la justicia y por sobre todas las cosas respetar la igualdad entre las partes, que es lo que se ha violado”.
“No somos iguales ante la ley”
Dijo que a su “representando le han ha violado el preámbulo de la Constitución, no somos iguales ante la ley, acá las personas que se sindican como integrantes de una comunidad de un pueblo originario sin ningún tipo de acreditación por el sólo mero de decir que son integrantes de una comunidad originaria ya tienen un salvoconducto para realizar cualquier tipo de acción”.
Explicó que “la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como origen un informe realizado por el observador de la Comisión que es el doctor Salgado donde realizó una cantidad de afirmaciones falaces, donde se obtiene un pedido de la Comisión de Derechos Humanos en la cual le solicita al Estado argentino que garantice el resguardo de un supuesto lugar ceremonial cuando no hay ningún tipo de acreditación ni sociológica, ni histórica, ni antropológica de que acá existió asentada una comunidad”.
Sostuvo que “la Cámara de Apelaciones de San Martin en Todos los Fueros al tomar de manera directa esas aseveraciones y aplicarlas viola el derecho de defensa, sucumbe ante la influencia y ante el cargo de un observador de derechos humanos que a su vez es abogado de una de las partes, y principal impulsor de todas estas acciones”.
Dijo que “no analizaron nuestros agravios, nuestras pruebas, donde acreditamos fehacientemente que acá ni hubo ni una comunidad ancestral ni tradicional ni tampoco un lugar ceremonial”.
Vénica consideró que “la medida jurídica por la gravedad institucional que tiene el fallo y por las violaciones groseras tanto del procedimiento como del derecho sustantivo de mi cliente es la posibilidad de interponer una casación contra ese fallo en el que deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia”.
“Lo que espero realmente es que se aplique la ley, que realmente juguemos con la normativa legal vigente, porque hasta ahora lo que han hecho desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico es violar toda la normativa del debido proceso”.
El fallo
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Neuquén informó a finales de marzo pasado que la Cámara en todos los fueros de San Martín de los Andes desestimó la apelación que promovió Vénica y confirmó la medida cautelar que dispuso en enero de 2010 el entonces juez correccional Sommer, quien ordenó paralizar las obras en un espacio considerado sagrado (rewe) para la comunidad Paichil Antriao.
Según el ODHPI, la Cámara en todos los fueros de San Martín de los Andes “aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao”.
“Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, destacaron en el portal.
Antecedentes
La CIDH notificó el 6 de abril de 2011 al Estado nacional que “corresponde otorgar medidas cautelares (…) con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Lof Paichil Antriao”.
La Comisión solicitó al Gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al Rewe ubicado en el predio objeto del litigio no sea levantada hasta que la CIDH decida el merito de la petición 962-08 que actualmente se encuentra en estudio, y que sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preserve este lugar sagrado”.
La medida cautelar
Sommer dictó la medida cautelar de no innovar cuando estaba como juez de feria a cargo del Juzgado en Primera Instancia en todos los fueros de Villa La Angostura.
El lote en disputa fue restituido en diciembre de 2009 a William Henry Fisher por el juez Jorge Videla.
Sommer inspeccionó a finales de enero de 2010 el lugar en litigio tras su decisión de hacer lugar a una medida cautelar que había solicitado el abogado de la comunidad Paichil Antriao Juan Manuel Salgado, como parte de una acción de amparo para resguardar el rewe, porque advirtió que Fisher realizaba movimientos de suelo en ese sector.
Sommer explicó en esa oportunidad que la medida cautelar y el amparo están relacionados con una causa civil que la comunidad presentó en diciembre de 2009 por un juicio de reinvindicación para recuperar el lote restituido a Fisher.
Se trata de un lote de 94.000 metros cuadrados que está ubicado en el faldeo del cerro Belvedere. Fisher compró ese lote en 1983 y escrituró, según indicó su abogado.
Sommer dijo que el área donde no puede seguir construyendo hasta que se determina la presencia o no del rewe tiene entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados.
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