La sanción llegó a las empresas locales hace algunas semanas y desde entonces buscan ayuda en el go­bierno local para dar marcha atrás con la multa económica, la cual llegaría a los 50 millones de pesos.

“Estamos muy preocupados por esta situación y necesitamos la ayuda del gobierno. De aplicarse la multa, mu­chas empresas quedarían en la quiebra”, contó Ramos, al tiempo que explicó que “los productores vendemos y hacemos una factura por 100 dólares, pero al llegar a destino la mercadería nos dicen que nos van a pagar 90 dólares porque no llegó en buen estado el cien por ciento de la carga. Cuando pasa esto, las pymes deben hacer una nota de crédito para presentar ante la Aduana y aclarar los montos. Esto en muchos casos no se hizo y la sanción se aplica por la diferencia que hay entre la factura presentada y lo que realmente ingresa en los depósitos”.

Por este problema se han labrado más de 900 actas de infracción y en muchos casos los exportadores no han podido cobrar el dinero de las retenciones.

“Ya hemos planteado el problema con el ministro Mar­celo Alós y ahora esperamos que nos ayuden. Él nos dijo que lo han charlado con el ministro de Economía Her­nán Lorenzino y que se ha comprometido a trabajar so­bre el tema”, adelantó Ramos sobre la difícil situación que tienen por delante las empresas locales.

El objetivo de todas las py­mes sancionadas es poder lle­gar a un acuerdo sobre la multa económica, ya que el monto de $50 millones es por demás abultado, según contaron. Ese valor se saca sobre el total de lo exportado y no por la diferencia que reclama la Aduana.