La causa en cuestión es de elevado voltaje político. Se trata del expediente que Akemeier motorizó, a partir de una operación política del oficialismo provincial, contra el ex gobernador Juan Carlos Romero y el ex secretario general de la Gobernación, Raúl Romeo Medina, -además de otras dos personas- por la cesión en comodato por veinte años de un predio de Aviación Civil, un terreno de 60 metros por 70 metros donde la empresa Finca de la Represa, que opera la línea Avionsur, construyó un hangar.

El comodato para la construcción de un hangar, en este caso, el de la empresa Finca de la Represa, es la única forma prevista en la ley para que los operadores privados de transporte aéreo puedan instalarse en la provincia. Los terrenos de Aviación Civil no pueden ser vendidos ni alquilados. El comodato los cede por un plazo determinado y, a su término, el hangar con todas sus instalaciones pasa a ser propiedad de la provincia. Así se hicieron los cuatro hangares en Salta.

Pedido de pruebas

En su descargo, presentado en diciembre, Medina solicitó al juez que reuniera una serie de pruebas para su defensa. Requirió, en primer lugar, que se indagara la razón por la cual el senador Mashur Lapad, según Akemeier, “carece de responsabilidad alguna”. Lapad, entonces y ahora vicepresidente del Senado, firmó el decreto 3306/07, por el cual se aprobó el comodato, porque se encontraba en ese momento a cargo del Poder Ejecutivo. El decreto fue firmado por ambos, Lapad y Medina. Sin embargo, el fiscal sostiene que el único que firmó el decreto sin saber de qué se trataba es el senador.

Medina también le pide al juez una serie de medidas de manera tal que el fiscal de Estado, Ramiro Simón Padrós, y los funcionarios del actual gobierno expliquen por qué motivo se promueve una denuncia por un decreto cinco años después de su promulgación cuando tanto el gobernador, como el fiscal de Estado e incluso en diputado oficialista que había hecho la denuncia, Matías Posadas, conocían a la perfección la existencia del hangar.

Amenazas al juez

Akemeier se opuso a que el juez solicitara la serie de pruebas que había requerido Medina en su defensa, pero en términos que el magistrado consideró inadmisibles. Citando el artículo 284 del Código Procesal Penal reformado hace algo más de un año, el fiscal sostiene que la tarea de reunir pruebas le pertenece en exclusividad al ministerio público: “...pone claramente en cabeza del fiscal el deber de recolectar los elementos de prueba conforme a los principios de objetividad y buena fe...”.

El fiscal agrega que “...se le hace saber que de mantener este criterio, de avanzar sobre las atribuciones de este ministerio público fiscal, estaría incurriendo en las conductas previstas en los artículos 248 y 269 del Código Penal, decretándose en su caso la remisión de las actuaciones ante quien corresponda”.

El fiscal, concretamente, amenazó al juez con demandarlo por prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Injerencia inaceptable

El juez Clark fue categórico en su respuesta. Le advirtió al fiscal que sus expresiones son “manifiestamente inadmisibles y contrarias al debido respeto y decoro que merece todo magistrado judicial”. Además, advierte que “tales manifestaciones implican una injerencia inaceptable en la imparcialidad y la independencia del suscripto”. “En efecto -destaca- al condicionar el cambio de criterio ... a la denuncia de los delitos dolosos de violación de los deberes de funcionario público y de prevaricato, se estaría intentando inclinar una futura decisión judicial con presiones groseras y contrarias al principio republicano de gobierno...”.