Aunque el joven magistrado hizo lo posible por pasar desapercibido, las miradas de sus colegas, empleados y otros funcionarios judiciales no dejaron de posarse en él. Y no era para menos, pues el juez Colombo estampó su firma en un decreto de media foja que significó para el ex gobernador, Juan Carlos Romero, una cuenta regresiva que podría desembocar en su primera condena por delitos de corrupción.

Colombo, como muchos, asistió ayer a la jura de los integrantes del Consejo de la Magistratura y se acomodó en la puerta que da al Este del salón auditórium, cuyo interior estaba colmado de familiares y otros funcionarios judiciales.

El joven juez, quien no lleva ni seis meses en su cargo, se llevó los abrazos y palmadas en la espalda de varios colegas, quienes se acercaron para felicitarlo por la medida judicial que había ordenado. “Solo firme un decreto”, respondió una y otra vez el magistrado, quien en todo momento trató de bajarle el crédito a la decisión de enviar a Romero a juicio por los delitos de fraude y negociaciones incompatibles, acusaciones para las cuales el Código Penal prevé penas que ascienden hasta los seis años de prisión.

“Hizo lo que debía, nada más. Ahora, si es inocente que lo demuestre en el juicio como sucede con cualquier hijo de vecino”, dijeron algunos jueces mirando al juez Colombo, cuando salía del acto en que juraron los miembros del Consejo de la Magistratura.

Otros, sin embargo, cuya funcionalidad al romerismo es conocida se hicieron los distraídos y centraron como tema de conversación el resultado electoral que podría darse este domingo, asunto en el cual el ex senador nacional, Agustín Pérez Alsina, uno de los concurrentes, hizo sus aportes.

Aunque Colombo estuvo un buen rato en el patio externo del salón auditórium, los periodistas no lo pudieron reconocer y, algunos, pasaron casi empujándolo, sin percatarse de quien era. Sus declaraciones eran buscadas, pues ciertos medios adeptos a Romero salieron a negar la noticia de que el ex gobernador había sido citado a juicio por la causa del hangar.

El romerismo trató de tergiversar la noticia con un supuesto pedido de informes al Tribunal de Impugnación. Este medio, sin embargo, pudo tener acceso a las actuaciones y al decreto de citación a juicio, en el cual se puede advertir claramente que el juez Colombo, quien actuó en remplazo de su colega, Carlos Pucheta, ya jubilado, decidió dar continuidad al proceso ordinario de la causa penal, pues por sorteo la misma había ingresado a la Sala II del Tribunal de Juicio.

En diez días

Al recibir el expediente, lo que hizo el magistrado fue darle curso al proceso a fin de que el juicio se sustancie, pues en el expediente había un pedido del ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, para que Romero, su hijo, Juan Esteban; el ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes y el ex secretario general de la Gobernación, Raúl Romero Medina, sean enjuiciado por los delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el segundo párrafo de decreto que ordena la realización del juicio, el juez dispuso que se cumplan las exigencias de Ley contenidas en el artículo 437 del Código Procesal Penal, reglamentación que establece la comparecencia de las partes a juicio en un plazo de diez días hábiles.

El decreto tiene fecha del 31 de marzo pasado, por lo que Romero debería comparecer a juicio el 17 de abril, o sea cinco días después de las elecciones primarias, instancia en la que el ex gobernador anhela sacar una amplia ventaja que le permita volver al gobernar la provincia, y así frenar las causas penales que se le siguen en su contra.

Si bien los mismos jueces dan por seguro que la defensa de Romero, en manos de Oscar Pedro Guillén y Andrea Astudillo Rizzi, tratarán de interponer algún recurso para evitar el enjuiciamiento de su cliente, los magistrados destacaron el paso dado por el juez Colombo, pues pone de manifiesto la igualdad de condiciones para todos las personas que se encuentran en idénticas situación proceso que Romero.