El proyecto de ley que propone la distribución del 10% de las ganancias de las empresas entre los trabajadores disparó la reacción inmediata de los sectores empresarios que aseguran que no sólo ahuyentaría inversiones sino que además atentaría contra la gobernabilidad de las empresas.

El efecto de la norma propuesta por el diputado nacional representante de la CGT Héctor Recalde sería, para los empresarios, lapidario.

“Estamos conceptualmente en contra de lo que propone la ley Recalde porque sin dudas que medidas aisladas como ésa desalientan la inversión tanto nacional como internacional y atenta contra la gobernabilidad de las empresas”, aseguró Javier Damiano, presidente del Cecis.

Para el dirigente empresario la normativa daría fuerte injerencia a los trabajadores en la conducción de la empresa. “Sería cogobernada al poder tener acceso y control sobre los resultados. En definitiva atentará contra la propiedad”, explicó.

En la misma línea argumental, Ércole Felippa, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), destacó que “no nos oponemos porque nos oponemos a una distribución de utilidades, porque de hecho este tipo de iniciativas se aplican en otros países. En Argentina también en el caso de las cooperativas donde existe una distribución de las utilidades bajo un esquema tributario totalmente diferente por supuesto”, señaló el dirigente de la empresa láctea Manfrey.

“Nuestra oposición se funda en la forma y en el contexto en que se plantea esta discusión. No se lo puede hacer si no se hace un análisis integral que incluya por ejemplo el sistema tributario que está totalmente a contramano. De hecho, cuando analizamos la presión tributaria que existe hoy en el sector productivo, supera ampliamente lo que se da en otros países. Si a eso le agregamos un sistema distorsivo que alienta la evasión, quiere decir que las empresas que están dentro del marco legal tienen una presión impositiva del doble del promedio”, dijo Felippa.

En este sentido, Damiano propuso que “este tipo de proyectos no puede ser impuesto así como se busca ahora, tienen que necesariamente consensuarse antes con todos los sectores para debatir y aportar porque si no después nos encontramos con las consecuencias indeseadas”, remarcó.

Para el presidente del Cecis, esta búsqueda de una mejora para el trabajador terminará con resultados opuestos. “En vez de estas leyes deberían estar viendo cómo hacer para que a las empresas les vaya mejor y así poder contrarrestar el desempleo por ejemplo”, señaló Damiano. Y agregó: “Creemos que la discusión debe seguir en paritarias, aunque eso no quita que el dueño o el directorio de una empresa decida aplicar incentivos adicionales al personal en base a productividad”.

-Pero esos son casos excepcionales y la ley busca que se generalice...

-Lo que pasa es que debe ser una decisión de la empresa, no algo impuesto. Hoy discutimos por las ganancias, pero quién asume los riesgos de las decisiones, quién se hace cargo de las pérdidas y qué pasa con las inversiones hechas. ¿Qué pasa con el empresario emprendedor que decidió invertir aún a riesgo de perder todo? Creo que han avanzado en demasía en conquistas gremiales.

-La oposición al proyecto no implica que sea a una mejor distribución del ingreso...

-No. Pero la mejor forma de distribuir el ingreso es mejorarle la situación al empresario y que el trabajador haga lo suyo. Lo peor que podemos plantear es mezclar o invertir los roles. Pensemos en cómo hacer para consolidar las empresas que ya demasiadas complicaciones tienen con la presión tributaria y la permanente suba de costos.