El magistrado no hizo declaraciones. Tampoco otros funcionarios judiciales. El organismo envió un comunicado
PUNTAL buscó comunicarse con el juez Ochoa para conocer su opinión pero los intentos fueron vanos.
Tampoco ningún otro funcionario de los tribunales federales emitió declaración alguna.
Por su parte, el titular de la Anses Río Cuarto, Sergio Rivarola, sólo se limitó a enviar ayer un comunicado de prensa explicando los alcances de la denuncia.
Entre otras cosas, se dice textualmente: “La vía utilizada por el juez Carlos Ochoa era mandar a practicar una liquidación por medio de un perito oficial que, entre otras irregularidades, no descontaba pagos ya efectuados por Anses, no determinaba cuál era el haber inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e introducía en la liquidación otros precedentes judiciales que no habían sido otorgados por la sentencia firme. Por lo tanto, incorporaba esos precedentes tardíamente, cuando ya la sentencia había pasado en autoridad de cosa juzgada”.
Y agrega: “Para dimensionar la magnitud del daño patrimonial, según datos de la base de embargos del organismo, ese juzgado ya habría trabado embargo sobre cuentas de Anses en idénticas condiciones por un monto de $ 60.000.000”.
En diálogo con Radio Río Cuarto, el diputado Oscar Aguad, quien integra el Consejo de la Magistratura, dijo ayer desconocer la denuncia. No obstante, brindó precisiones acerca de los pasos que se deben seguir.
En ese sentido, Aguad dijo que en primer lugar la denuncia contra un magistrado pasa a la Comisión de Acusación y luego se sortea uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura para que rechace la denuncia por improcedente o le dé vía libre.
Si se opta por esto último, la denuncia pasa al plenario del Consejo a los fines de resolver si se inicia o no el juicio político al magistrado.
Aguad dijo que mientras tanto el juez puede continuar actuando.
Por último, PUNTAL informó ayer que la Anses Río Cuarto pidió al Juzgado Federal que frene 1.700 juicios de jubilados de la ciudad y la región por reajustes de haberes.
La petición generó un fuerte malestar en los abogados que llevan causas previsionales.

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