La sequía que afecta a la cuenca Salí-Dulce, el inminente inicio de la zafra y la destilación de bioetanol por parte de once ingenios, sumado a que algunas plantas no hicieron las obras para tratar la vinaza (desecho de la elaboración del biocombustible), generó una alerta en las autoridades de Santiago del Estero, por lo que podría ocurrir en el embalse Río Hondo, si es que llegase a producirse un vuelco.

Atento a este panorama por demás crítico, es que el fiscal de Estado, Raúl Abate, hizo sendas presentaciones en el Juzgado Federal local solicitando medidas cautelares, en igual cantidad de causas penales que se instruyen en el fuero federal local contra industrias contaminantes. En las presentaciones, Abate pide que se hagan inspecciones en los ingenios que producen bioetanol, un total de once, y que se determine si han hecho las obras suficientes para garantizar que no habrá peligro de derrames.

En caso de que no se brinden las garantías suficientes y atento al delicado equilibrio ecológico en el embalse Río Hondo, el fiscal pidió la clausura preventiva, hasta tanto no estén los trabajos finalizados para dar un correcto tratamiento a la vinaza.

Así lo reveló a EL LIBERAL el fiscal Abate, quien señaló que la presentación tiende a evaluar “si todos los ingenios han cumplido con todas las medidas para evitar que se produzcan derrames de vinaza en el lago y sus afluentes”.

Precisó que el pedido es que se clausure las destilerías, no la producción de azúcar. “Reiteramos una presentación que hicimos en diciembre. Queremos saber si las plantas están preparadas para evitar accidentes, vuelcos intencionales o accidentales, etc; no queremos que se actúe sobre el daño, sino que se prevengan”, apuntó.

Explicó que hizo dos presentaciones, porque hay dos denuncias penales. Una es la iniciada por el ex intendente de Las Termas de Río Hondo, Luis Saleme, por el envenenamiento de las aguas del embalse Río Hondo (expediente 4166/09). Aquí están incluidos los 11 ingenios que producen bioetanol.

La restante causa tiene su origen en los cuatro vuelcos de millones de litros de vinaza protagonizado por el ingenio La Florida, entre noviembre del año pasado y enero del corriente, y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal. Como se recordará, por la primera causa, el juez federal Guillermo Molinari y el fiscal federal Pedro Simón indagaron a ocho industriales tucumanos, la mayoría propietarios o directivos de ingenios con destilerías.

Por el segundo expediente judicial, el juez federal procesó al titular del ingenio La Florida, Jorge Rocchia Ferro, y al gerente de la planta, Ramón Coronel.

De esta forma, el gobierno provincial busca generar un blindaje judicial para evitar que se produzcan vuelcos, porque según advirtieron “sería mortal para la cuenca”.