Por Adrián Gerbaudo, (Redacción LA OPINION). - Se viene una fuerte polémica netamente institucional en el sexto piso. Es que, después de mucho tiempo, se puede ver una disputa entre los dos poderes que tiene la Municipalidad de Rafaela.

Para entenderlo, hace falta hacer primero un poco de historia. A finales del año pasado, el Concejo Municipal aprobó la Tributaria correspondiente a este año, en donde disponía que cuando un deudor quería firmar un convenio para saldar su deuda con el Municipio, la cantidad de cuotas del mismo quedaba "a criterio de la Administración".

A comienzos de este año, los ediles del Frente Progresista (Germán Bottero, Luis Peretti y Atilio Pignoni), Víctor Fardín y Félix Bauducco presentaron un proyecto para modificar esto, puesto que entendían que no había sido el espíritu del cuerpo al momento de aprobarlo. Dicho de otra manera, que se habían equivocado en aprobar esta discrecionalidad y buscaban enmendar ese error.

Antes de aprobarse esta modificación, mantuvieron una reunión con el secretario de Hacienda del Municipio, Edelmiro Fassi, quien les indicó que para él, esa herramienta era muy útil. El funcionario del Ejecutivo fijó un límite de $ 6.000: menos que eso, el contribuyente elige cuántas cuotas desea que tenga su plan de pagos (tal como pretendían los opositores). Por montos superiores a esa cifra, el Secretario determinaba de cuánto será el anticipo y se fija la cantidad de cuotas en función de información fiscal cruzada: cantidad de propiedades, vehículos a su nombre, niveles de facturación, etc.

Finalmente, la oposición logró cambiar la Tributaria el 10 de junio pasado. El 19 de julio pasado, el Ejecutivo emitió un decreto, con la firma del Intendente Municipal, en donde reglamenta esa modificación. Y es aquí donde comienzan los problemas.

Es que la reglamentación no hace otra cosa más que devolverle al Secretario de Hacienda la discrecionalidad para determinar los planes de pago. Concretamente, el segundo párrafo del decreto dice lo siguiente: "a los fines de la ejecución de las disposiciones del presente, facúltase al Secretario de Hacienda y Finanzas a la evaluación, consideración y suscripción de los Convenios y planes que se celebren en el marco de este decreto, de acuerdo con las disposiciones del mismo, estando igualmente facultado para resolver sobre la caducidad de los convenios en los que se verifique incumplimiento por parte de los contribuyentes y/o responsables, con atribuciones para resolver los recursos o reclamos que deriven de la aplicación de las disposiciones del presente".

En los puntos siguientes del articulado, se determina -de acuerdo al monto total adeudado según el rubro de la deuda- un máximo y un mínimo para el anticipo que se deba abonar y se fija una cantidad de cuotas.

Como si fuera poco, el artículo 8 se lo faculta a Fassi "para readecuar periódicamente las escalas previstas", seguramente, en previsión ante escaladas inflacionarias.

Ante esta situación los concejales del Frente Progresista presentaron el pasado jueves un proyecto de declaración en donde toman en cuenta todos estos puntos y destacan que en el decreto, todos los casos de estipulación de anticipos y cantidad de pagos hablan de un monto "mínimo" de cuotas, cuando en realidad la Tributaria habla de un monto "máximo" de 36.

Ante todo esto, los hombres del PDP y de la UCR piden solicitarle al DEM "que se ajuste estrictamente a las normativas emanadas de este Concejo Municipal", así como también "expresar el desacuerdo del Cuerpo por la implementación del Decreto 32326".

Pasando en limpio: la oposición le dice al Ejecutivo que haga una cosa, y este hace todo lo contrario. Una clara lucha de poderes que pudiera ser leída como partidaria, pero que en el mientras tanto, genera un enfrentamiento institucional entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo.

Lo dicho: se viene una fuerte polémica netamente institucional en el sexto piso